El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un aumento del 30% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) —que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes— y un incremento del 25% en los principales programas sociales, junto
con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.

A pesar de la deserción del Estado nacional y la asfixia financiera sobre las provincias, la gestión del gobernador Axel Kicillof aplicó una serie de medidas para fortalecer las políticas sociales y alimentarias y sostener la cobertura en todo el
territorio bonaerense, en un contexto atravesado por el deterioro de los indicadores sociales, la caída del poder adquisitivo y el impacto de las políticas de ajuste de Javier Milei.

En esa línea, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, anunció los aumentos y destacó que, en el marco del contexto crítico, “la Provincia hace un enorme esfuerzo para optimizar los recursos y garantizar la seguridad alimentaria”.

Aumentos anunciados
Como eje central, el gobierno bonaerense implementa tres medidas prioritarias:

1. Fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE)
La inversión mensual pasará de $41.000 millones a $54.000 millones, lo que representa un incremento del 30% y un presupuesto anual de $553.910 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda en escuelas públicas bonaerenses
alcanzando a más de 2.500.000 estudiantes en toda la Provincia.

2. Duplicación de asistencia alimentaria a municipios
Por medio del refuerzo del Módulo Alimentario Territorial (MATE), se duplica la asistencia alimentaria a municipios, y se fortalece la respuesta directa, en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

3. Aumento de programas sociales
El gobierno bonaerense incrementa en un 25% la inversión desde abril en los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI), Centros Juveniles y Centros de Integración Social (CIS). En tanto, el aumento del 25% para los programas Envión,
REUNIR y Barrios Bonaerenses comenzará a regir desde mayo. Por último, desde julio tendrán el mismo incremento las políticas para personas mayores, discapacidad, Más Vida, PAAC y PAAI (programas de acompañamiento alimentario para personas celíacas y que viven con VIH). Con estos aumentos la inversión anual, en programas y políticas que alcanzan a los sectores más vulnerables asciende a más de $182.000 millones.

Las UDI están orientadas al cuidado y desarrollo de niñas y niños desde los 45 días hasta los 14 años; los Centros Juveniles brindan formación y acompañamiento a jóvenes de 14 a 29 años; y los Centros de Integración Social (CIS) están destinados
a contener y albergar a personas en situación de calle.

Asimismo, se incluyen el programa Envión, dirigido a jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad; REUNIR, que financia residencias para estudiantes universitarios y terciarios; las programas para personas con discapacidad —que
comprenden hogares, centros de día, talleres protegidos, actividades ecuestres y dispositivos de vida en comunidad—; y los destinados a personas mayores.

También forman parte del aumento el programa Más Vida, orientado a personas gestantes, madres en período de lactancia y niñas y niños desde los seis meses hasta el ingreso escolar; el PAAC y el PAAI, que brindan asistencia alimentaria a
personas con celiaquía y a quienes viven con VIH; y Barrios Bonaerenses, que promueve la inserción sociolaboral mediante formación y capacitación.

Reclamo a Nación y desfasaje en el financiamiento

En relación al SAE, Larroque advirtió sobre el deterioro del esquema de financiamiento nacional. “Hoy la Nación aporta apenas el 5,7% del total de la inversión en asistencia alimentaria y, en el caso del SAE, su participación cayó al 14,5%, muy lejos del 33% histórico. Además, mantiene una deuda desde 2024 con la Provincia que asciende a $220 mil millones”, señaló el ministro tras reclamar los fondos adeudados al gobierno nacional.

Asimismo, detalló: “En 2025 pedimos $130 mil millones y se giraron $77 mil millones. Para 2026 solicitamos $177 mil millones y se prevén apenas $80 mil millones, sin cronograma de pago. Esta situación de asfixia financiera nos obliga a
sostener el sistema con recursos propios”.