La retracción de la industria abrió un nuevo frente para las provincias. Ante la menor intervención del Gobierno nacional, varias administraciones locales pusieron en marcha medidas para sostener empresas, preservar puestos de trabajo y fortalecer las cadenas productivas.

El escenario que enfrentan las industrias continúa lejos de los niveles de los últimos años. La actividad industrial registró una mejora del 1,9% en junio, pero el dato no alcanzó para revertir la tendencia negativa. El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) estimó otra suba interanual para julio, del 1,4%, aunque atribuyó gran parte de esa variación a la baja base de comparación. En la medición mensual, el organismo proyectó una baja del 0,6%.

Durante los primeros siete meses del año, la industria acumuló una caída del 2% frente al mismo período de 2025. Además, el nivel de actividad quedó 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

El deterioro también aparece en otros sectores. Los despachos de cemento descendieron 4,6% y el índice Construya cayó 0,8%. Ambos indicadores quedaron más de 20% por debajo de los valores de 2022.

La metalmecánica permaneció estable frente al mes anterior y la producción de acero aumentó 3%. Sin embargo, la comparación con 2022 mostró retrocesos de hasta 17%. La fabricación de automóviles quedó 18% por debajo de aquel nivel y la producción de bebidas registró una diferencia negativa del 12,8%.

Uno de los sectores más afectados fue el textil. La actividad acumuló una baja del 24,4% en lo que va del año, una situación que golpea con especial fuerza a varias provincias del norte.

El auxilio de las provincias

Frente a este panorama, los gobiernos provinciales comenzaron a desplegar herramientas propias. Las medidas van desde beneficios impositivos hasta asistencia directa a compañías con problemas de producción o ventas.

Catamarca protagonizó uno de los casos más particulares. La provincia intervino para evitar el cierre de ICSA, una empresa del sector de indumentaria. El Gobierno local otorgó una asistencia de $200.000 por trabajador para el pago de salarios. La firma sufrió una fuerte caída de las ventas y enfrenta una mayor competencia de productos importados.

Tucumán también tomó medidas para proteger una actividad con fuerte presencia en la economía local. La provincia extendió hasta diciembre de 2026 una exención de Ingresos Brutos para Santista, empresa que cuenta con unos 950 trabajadores.

El beneficio adquiere especial relevancia dentro de un sector que enfrenta una fuerte contracción y que concentra una importante cantidad de puestos de trabajo en el norte argentino.

Las provincias también utilizan otras herramientas para apuntalar la actividad. Algunas buscan ampliar el mercado para sus empresas mediante políticas de compras locales. Otras intentan incorporar a sus proveedores a los grandes proyectos de inversión que recibieron beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Compre local y proveedores

Río Negro avanzó con una estrategia destinada a aprovechar el impacto de las grandes inversiones energéticas. La provincia sancionó una ley de compre local que establece que al menos el 60% de las contrataciones de las empresas energéticas, mineras e hidrocarburíferas deben corresponder a proveedores locales.

El objetivo apunta a que el desembolso de los grandes proyectos tenga un efecto mayor sobre la economía provincial.

Salta adoptó una herramienta similar para el sector minero. La provincia creó un listado de proveedores, con especial atención sobre la cadena vinculada al litio. El esquema incorpora instrumentos fiscales y financieros para mejorar la posición de las empresas locales frente a las grandes compañías.

La estrategia también contempla a firmas externas. Si una empresa de otra provincia participa como proveedora, el esquema salteño busca que lo haga junto con un socio local.

Buenos Aires, por su parte, apuesta a la apertura de nuevos mercados. La provincia realiza rondas comerciales para que las industrias locales puedan ampliar sus exportaciones. Además, diseñó un régimen de inversiones propio, con beneficios fiscales y estabilidad tributaria para proyectos que generen empleo, innovación, exportaciones o sustitución de importaciones.

Córdoba y Santa Fe también cuentan con regímenes de beneficios impositivos para el sector industrial.

Una industria que perdió 85.000 empleos

El avance de estas políticas provinciales tiene detrás un problema de mayor escala. La industria genera más de 1,2 millones de puestos de trabajo formales, por encima de numerosas actividades de la economía y con niveles salariales que suelen superar a los del comercio y los servicios.

Pero el sector perdió 85.000 empleos en los últimos dos años y medio.

La preocupación de los gobiernos provinciales también se explica por el impacto que tiene la industria sobre otras actividades. Una fábrica no solo demanda trabajadores. También requiere transporte, servicios, insumos, logística y proveedores.

Por eso, las administraciones locales buscan evitar que una caída de la producción termine con el cierre de empresas y una pérdida mayor de empleo.

En este escenario, las provincias asumieron un rol cada vez más activo frente al repliegue de las políticas nacionales de asistencia a la industria. El desafío pasa ahora por sostener a las empresas existentes y, al mismo tiempo, conseguir que las nuevas inversiones tengan un impacto concreto sobre las economías locales.