El Vento gris del senador Diego Pellegrini, conocido en Corrientes como el acompañante del gobernador en las reuniones sociales, implica a Gustavo Valdés directamente en la negligencia que rodea el caso de Loan Peña.

La incomodidad que le ha causado al gobernador la desaparición del joven el pasado 13 de junio en el paraje 9 de julio, ha colocado al radical en una situación complicada de la que no puede escapar.

Lo que más alarma a Valdés es que, con el caso Loan, comenzó a evidenciarse que maneja la provincia como un feudo. Con un comisario y una funcionaria detenida, Valdés intentó desviar la atención de los medios nacionales «acercando» una resolución al caso.

Después de permanecer en silencio durante la primera semana del caso, que resonó a nivel nacional, y tras sugerir que la desaparición de Loan podría estar vinculada a una red de trata, Valdés sorprendió con un tuit enigmático: «Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan», dijo escuetamente.

Ante las miles de respuestas que recibió, en su mayoría críticas por asumir el rol de vocero judicial y policial de la provincia, Valdés ofreció una pista: «Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho», afirmó el gobernador.

Laudelina, la tía de Loan, declaró que el joven fue atropellado por dos de los detenidos. En lugar de declarar en Goya, donde se encuentra la fiscalía que lleva el caso Loan, fue trasladada hasta la capital correntina para testificar durante la madrugada. Diego Pellegrini la llevó en su Vento gris.

Pellegrini, electo legislador por la lista de Nito Artaza, se unió a las filas de Valdés poco después de asumir su cargo y formó un estrecho vínculo con el gobernador. Ahora es un senador provincial que responde directamente a Valdés y lo acompaña tanto en el ámbito público como en el privado. En abril, Valdés lo llevó a Alemania para participar en una feria forestal.

En Corrientes, informaron que Valdés llamó a Pellegrini el viernes 28 de junio «a la siesta» para coordinar el traslado de Laudelina a la capital y que declare. Esto ha llevado a especulaciones de que la declaración pudo haber sido influenciada por el gobernador. El abogado asignado a Laudelina es José Fernández Codazzi, cuya suegra es concejal del partido de Valdés, y cuya esposa trabaja en el ministerio de Seguridad, actualmente bajo escrutinio por posibles conexiones irregulares con la policía local en la investigación del caso Loan.

Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan, reveló que Laudelina se hospeda en el «Design House Corrientes«, propiedad del hermano de Eduardo Acosta, ex jefe de la policía provincial.

La declaración de Laudelina no ha logrado resolver el caso, agregándose a múltiples hipótesis que van desde la desaparición mientras buscaba naranjas, hasta el secuestro por una red de trata, y teorías extravagantes como la búsqueda de radiólogos en panzas de yacarés, e incluso acusaciones delirantes de la abuela de Loan culpando al «pomberito«.

Desde que tuiteó que el caso estaba cerca de resolverse, Valdés no ha vuelto a hacer apariciones públicas ni a usar su cuenta de Twitter en los últimos 10 días. Se espera que reaparezca el lunes por la medianoche en Tucumán, donde intentará mantener un perfil bajo durante la firma del pacto de mayo de Milei.

El escrutinio sobre el gobierno correntino también está revelando otros aspectos oscuros de sus funcionarios. Por ejemplo, Carlos Patricio Carando, subsecretario de Hacienda de Valdés, es simultáneamente empresario del sector de combustibles y está bajo sospecha por posibles conexiones problemáticas con Paraguay y México.

Carando tiene estrechas relaciones con el empresario textil paraguayo Andrés Gwynn Schaerer, propietario del Grupo Texcin y la firma Marseg SA. Marseg es la empresa paraguaya que el propietario del frigorífico brasileño Bertin utilizó para evadir impuestos, lavar dinero y desviar varios millones de dólares, obteniendo préstamos de bancos públicos que se usaron en campañas políticas en Brasil.