Son horas frenéticas para la La Libertad Avanza. El oficialismo intenta terminar de cerrar el acuerdo para aprobar tanto la Ley de Base como la del paquete fiscal. La Casa Rosada aún no logra destrabar las negociaciones con los bloques dialoguistas para asegurarse los votos, cuestión excluyente para comenzar a debatir los proyectos en las comisiones de Diputados.

De la deformada ley ómnibus, el radicalismo incluyó, aparte pero para que se discutido en simultaneo, una reforma laboral que fue más o menos consensuado con los delegados legislativos del presidente Javier Milei.

En estas discusiones entre LLA y la UCR se coló la postura de la CGT, lo que empantanó los acuerdos. La iniciativa tiene como objetivo tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones, para reducir la conflictividad y “aliviar las cargas” de las pymes; la modificación de las multas de la ley 24.013; y la ampliación de tres a seis meses el período de prueba antes del primer contrato.

En un principio, el borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ y que el espíritu del texto estaba en sintonía con el último planteo público de Cristina Kirchner sobre la necesidad de una reforma laboral.

Pero luego de una cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.

Fueron Rodrigo de Loredo, conductor del bloque, y otros quince diputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los “aportes solidarios” obligatorios en el proyecto unificado de la UCR que le presentaron el jueves pasado a Posse, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Vale recordar que los principales cegetistas se habían reunido con Posse y Franco la semana pasada en la Casa Rosada y se habían ido con una sensación de alivio al menos en lo que respecta con las reformas laborales.

Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y concordaron incorporar la “eliminación” de la contribución obligatoria -los aportes “solidarios”- que emanan de los convenios colectivos de trabajo para garantizar la libertad sindical. “La UCR propone que la cuota sea voluntaria”, aclaran fuentes del bloque del Senado. Vischi y los senadores radicales se habían inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para hacer un proyecto “más viable” y que tuviera mayores chances de ser aprobado.

Vale aclarar que, en el mega decreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.

En el Gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical.

Los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en comisión en Diputados.

En rigor, Javier Milei  prefiere excluir el artículo de los “aportes solidarios” para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, lo que hace que se enfrente hoy con un sector de la UCR, el aliado dialoguista en el Congreso.