El gobierno nacional se mostró hiperactivo luego de la derrota en las PASO y de la crisis interna generada por los roces entre los distintos espacios del Frente de Todos. Luego de la asunción de los seis nuevos ministros, desplegó una catarata de anuncios y proyectos de ley con el fin de revertir el resultado electoral de cara a noviembre.

Lo próximo es un bono para los informales y los jubilados, un programa para ampliar el empleo y reconvertir planes sociales en trabajo, créditos no bancarios para proyectos productivos de la economía popular, y ampliación de la obra pública. El paquete sería de al menos medio punto del PBI.

El paquete de medidas fue realizado por el ratificado gabinete económico, y está listo desde el jueves de la semana pasada. Quedó en stand by en medio de la crisis política del gabinete y solo le faltaba la aprobación final del presidente, Alberto Fernández, y ahora de su nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur. “No hay más tiempo para demorarlo”, aseguró una fuente oficial.

El objetivo principal del gabinete económico es “fortalecer ingresos”, sobre todo en los trabajadores informales, que se desempeñan en sectores donde todavía no hubo ningún tipo de reactivación, y que por su condición de informales quedaron fuera del ATP, el REPRO o la prohibición de despidos. Pero, además, buscará llegar a los asalariados que aun teniendo trabajo “rozan” la línea de pobreza. Entienden que uno de los mensajes de las urnas fue la delicada situación económica.

Bajo estas metas se ubicarán medidas como subir el salario mínimo un 46%, 11 puntos más a como se había cerrado en abril, y superar los $32 mil. Hoy el salario mínimo en $29.160 está por debajo de la línea de indigencia. El impacto será en hasta 300 mil trabajadores fuera de convenio y en más de un millón de personas que perciben programas que se actualizan por el salario mínimo, como el Potenciar Trabajo, las becas del Progesar y el REPRO.