La postergación, por tercera vez, del debate en el Senado sobre el proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada», que para sus detractores abre la puerta a una mayor extranjerización de las tierras rurales, coincidió con otro episodio que volvió a poner el foco sobre la situación de Joe Lewis en la Patagonia.

Luego del acuerdo confidencial entre el Gobierno nacional y el empresario británico, que dejó sin efecto la acción judicial iniciada por el propio Estado para revisar la compra de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad de frontera, la firma Hidden Lake anunció la creación de una Reserva Natural Privada sobre esos mismos terrenos.

La decisión despertó cuestionamientos políticos y judiciales. La legisladora rionegrina María Magdalena Odarda impulsó una batería de pedidos de informes dirigidos a organismos provinciales y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para conocer bajo qué condiciones se habilitó el proyecto.

«La creación de una Reserva Privada es contraria a las áreas protegidas. Debió haberse creado por ley y nada de eso sucedió. Entendemos que en el fondo constituye una nueva restricción al libre acceso al lago a pesar de que es bien natural de dominio público ubicado a solo 19 kilómetros de la ruta pero encerrado en una propiedad privada con la complicidad de los gobiernos de Río Negro y el propio Gobierno nacional, que decidió entregar la soberanía del país al desistir de una acción legal que había iniciado el propio Estado en 2023», sostuvo Odarda.

La nueva reserva bajo la lupa

La presentación de Hidden Lake apareció en su sitio oficial con un mensaje institucional.

«Hoy damos un paso que nos define: nos transformamos en una Reserva Natural. Con orgullo, presentamos también nuestro nuevo logo, símbolo de una identidad que evoluciona y nos proyecta hacia el futuro», publicó la empresa.

Sin embargo, tras los cuestionamientos públicos, la firma modificó el contenido de esa presentación.

Odarda sostuvo que la iniciativa genera múltiples interrogantes y reclamó información a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, la Agencia de Recaudación Tributaria, la Fiscalía de Estado y el Departamento Provincial de Aguas.

Entre los puntos solicitados, pidió conocer:

• Si existe una autorización oficial para crear un área protegida fuera del sistema provincial.
• Qué acto administrativo habilitó a Hidden Lake a administrar y explotar un bien de dominio público.
• Si hubo estudios de impacto ambiental o instancias de participación ciudadana.
• Qué controles realizó la provincia sobre la publicidad de una reserva natural cuya existencia legal fue cuestionada.
• Si el emprendimiento limita el acceso libre y gratuito al Lago Escondido.
• Si la empresa comenzó a tributar por la nueva actividad económica vinculada a la reserva.

Para la legisladora, el anuncio representa otro avance sobre un territorio que desde hace décadas permanece envuelto en conflictos por el acceso público y la propiedad de las tierras.

El acuerdo que cambió el escenario

La creación de la reserva apareció pocos días después de que trascendiera el acuerdo entre el Gobierno nacional y Joe Lewis para cerrar la acción de lesividad que buscaba revisar la adquisición de las 12.000 hectáreas realizada en 1996 mediante una estructura de presuntos testaferros.

Ese entendimiento se firmó durante la feria judicial de enero y puso fin al proceso impulsado por el propio Estado en 2023.

Según el expediente judicial, Hidden Lake justificó la necesidad de resolver el litigio por la continuidad de un proyecto energético vinculado a la central hidroeléctrica instalada en la zona.

«La homologación del acuerdo es la condición sine qua non para destrabar y concretar una inversión de infraestructura crítica para garantizar electricidad para la comunidad de todas las localidades que integran la Comarca Andina. Hasta la definitiva homologación firme de cualquier solución conciliatoria, no podemos embarcarnos en la obra de interconexión y finalizarla antes del invierno. Debemos asegurarnos la provisión de los materiales antes del 25/30 de enero», señalaron desde Hidden Lake.

Tras la homologación judicial, la documentación del expediente quedó bajo reserva, mientras que la empresa avanzó con la presentación formal de la nueva Reserva Natural.

Odarda vinculó ambos hechos y sostuvo que la decisión consolida el control privado sobre el área.

«Lago Escondido está llevando adelante la gestión y la explotación comercial del Lago, sus costas y accesos, privatizando de hecho el espejo de agua propiedad de todo el pueblo de Río Negro. Esta Reserva es una muestra más de la impunidad en la cual se han desarrollado las actividades de Lewis desde la década del ´90 hasta la actualidad», concluyó la legisladora.