El bloque peronista del Senado reabrió su interna por el conflicto con el oficialismo en torno a la integración de las comisiones. En una reunión reciente, varios legisladores evaluaron la posibilidad de acudir a la Justicia para denunciar lo que consideran una distribución arbitraria de los lugares.

Desde el espacio opositor sostienen que el reparto vulneró la representación que les corresponde por número. Un referente del bloque expresó el malestar con una frase directa: «Con sus maniobras, nos robaron 30 lugares que nos corresponden». Aun así, dentro del mismo sector surgieron reparos sobre los riesgos de judicializar la disputa.

El senador Mariano Recalde encabezó la postura más firme a favor de avanzar con una presentación judicial. Según trascendió, la mayoría de los legisladores que tomó la palabra apoyó esa alternativa. Sin embargo, no hubo unanimidad. Los jefes de bloque, José Mayans y Juliana Di Tullio, se ubicaron entre quienes prefirieron sostener la negociación política dentro del Senado. También compartieron esa mirada otros integrantes del espacio, incluido un ex gobernador.

El trasfondo del conflicto es clave: las comisiones concentran el verdadero poder en la Cámara alta. Allí se define el ritmo de los proyectos. Quien controla una comisión puede acelerar el tratamiento de una ley o bloquearla.

En ese marco, el peronismo argumenta que, como primera minoría, debía tener una presencia mayor. Según los números discutidos, con 25 miembros en el interbloque le corresponderían seis lugares en comisiones de 17 integrantes y entre seis y siete en las de 19. Sin embargo, las diferencias persisten en áreas sensibles como Acuerdos, Justicia y Asuntos Penales, y Presupuesto y Hacienda.

El problema central es que esos espacios ya tienen una integración definida y los lugares disponibles son menos de los que reclama la oposición. Además, el peronismo no preside ninguna comisión, lo que profundiza el malestar.

Desde el oficialismo, en tanto, no dieron señales de retroceder. La Casa Rosada fijó una directiva clara: ningún senador propio debe dejar su lugar. En consecuencia, cualquier modificación depende de aliados, que tampoco muestran disposición a ceder posiciones.

Mientras tanto, continúan las conversaciones entre referentes de ambos sectores. Hubo avances que permitieron conformar la mayoría de las comisiones permanentes, pero el núcleo del conflicto sigue abierto.

En el bloque opositor crece la presión interna para dar un paso más. Los sectores más duros insisten con llevar el caso a la Justicia por considerar que se violó el reglamento. Sin embargo, otros advierten sobre las consecuencias de ese camino. Uno de los argumentos que circuló en la discusión fue contundente: «¿Qué pasa si el juez dice que es una atribución del oficialismo el reparto de lugares en las comisiones? Después quedaría fijo ese criterio, es muy peligroso».

Del lado libertario relativizan la amenaza. Consideran que una presentación judicial no cambiaría el escenario y cuestionan la interpretación del reglamento. Un integrante del oficialismo sostuvo: «No van a tener ningún éxito. Esto no se resuelve yendo a la Justicia».

La disputa sigue abierta. El peronismo enfrenta una decisión incómoda: avanzar hacia los tribunales o sostener la negociación política en un terreno donde hoy corre desde atrás.