El Gobierno nacional avanzó con una nueva apuesta para captar inversiones extranjeras de gran escala. Javier Milei remitió a la Cámara de Diputados el proyecto del denominado “Súper RIGI”, un esquema que apuntó de forma directa a industrias tecnológicas vinculadas a inteligencia artificial, centros de datos, biotecnología y semiconductores.

La iniciativa abrió de inmediato una fuerte controversia política y económica. Las críticas apuntaron contra los privilegios fiscales, aduaneros y cambiarios que recibirían compañías multinacionales con facturaciones superiores al PBI argentino. También crecieron las sospechas sobre la influencia de empresarios de Silicon Valley cercanos al Presidente, en especial Peter Thiel.

El nuevo régimen fijó un piso mínimo de inversión de 1.000 millones de dólares por proyecto. A cambio, el Estado ofreció estabilidad tributaria, cambiaria y regulatoria por 30 años. El esquema además redujo Ganancias al 15%, eliminó derechos de importación y exportación, habilitó amortizaciones aceleradas y permitió la libre disponibilidad progresiva de divisas.

La propuesta oficial incluyó sectores considerados “estratégicos” por la Casa Rosada. Allí aparecieron inteligencia artificial, infraestructura digital, baterías de litio, hidrógeno, reactores nucleares pequeños, manufacturas tecnológicas y producción avanzada de semiconductores.

Sin embargo, el punto que más ruido provocó en el Congreso y entre especialistas fue el fuerte beneficio para empresas extranjeras ligadas al negocio global de los datacenters y la IA.

“Es la ley de datacenters. Un proyecto para darle a las grandes tecnológicas lo que acá no tiene nadie. Energía y trabajo subsidiado”, afirmó el abogado Pablo Cerdan. Luego advirtió: “Si el Estado los molesta, nos demandan en el CIADI. Estas empresas facturan más que el PBI argentino. Y van a pagar menos impuestos que una pyme del conurbano”.

El proyecto además eliminó exigencias que sí figuraban en el RIGI original aprobado junto a la Ley Bases. El nuevo esquema no obligó a contratar proveedores locales ni fijó porcentajes mínimos de integración nacional. De esta forma, las empresas podrán importar desde el exterior equipamiento, servidores, componentes y tecnología sin restricciones.

La iniciativa también habilitó mecanismos de arbitraje internacional ante conflictos con el Estado argentino. Las compañías podrán acudir al CIADI, la Cámara de Comercio Internacional o la Corte Permanente de Arbitraje en caso de modificaciones futuras que afecten las condiciones del régimen.

Para la oposición, el texto constituyó un blindaje jurídico sin antecedentes recientes. Distintos sectores denunciaron que el Gobierno resignó herramientas de regulación y capacidad de decisión a cambio de inversiones todavía inciertas.

El diputado Esteban Paulón vinculó el proyecto con los recientes contactos entre Milei y empresarios tecnológicos estadounidenses. “El gobierno de Milei envía un proyecto de ley para transparentar el “lobby” junto a otro proyecto que es lobby directo de Peter Thiel (Super RIGI)”, cuestionó.

La figura del fundador de PayPal y Palantir apareció en el centro de las sospechas políticas. Peter Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y también con el ministro Luis Caputo. El magnate estadounidense posee fuertes intereses en inteligencia artificial, análisis de datos y plataformas tecnológicas globales.

Por eso, dentro y fuera del Congreso crecieron las interpretaciones sobre un posible traje a medida para compañías ligadas a Silicon Valley. El “Súper RIGI” ofreció exactamente los beneficios que buscan los gigantes tecnológicos para instalar centros de procesamiento de datos: energía subsidiada, estabilidad normativa extrema, ventajas fiscales y libertad cambiaria.

Las críticas además alcanzaron a las provincias. El proyecto obligó a gobernadores y municipios a reducir impuestos locales si desean adherir al régimen. La norma prohibió crear nuevos tributos provinciales y municipales para las empresas beneficiadas y limitó Ingresos Brutos al 0,5%.

En paralelo, el texto prohibió el cobro de regalías adicionales y eliminó impuestos de sellos para los contratos vinculados a los proyectos. Para muchos gobernadores, el esquema implicó una pérdida directa de autonomía fiscal.

Otro de los cuestionamientos apuntó al impacto laboral. Aunque el Gobierno prometió generación de empleo, especialistas remarcaron que los datacenters y la infraestructura para inteligencia artificial requieren enormes niveles de inversión, pero poca mano de obra permanente.

Además, el régimen redujo las contribuciones patronales al 10% para nuevos trabajadores incorporados por las empresas adheridas.

En la oposición también interpretaron el “Súper RIGI” como un reconocimiento indirecto del fracaso del régimen original. El primer esquema promocional recibió anuncios multimillonarios, pero apenas concretó desembolsos reales por una porción mínima de lo prometido.

Ahora, Milei apostó a seducir a los gigantes tecnológicos globales con un menú todavía más agresivo de beneficios. En ese tablero apareció con fuerza el nombre de Peter Thiel, uno de los empresarios más admirados por el Presidente y símbolo del poder de Silicon Valley sobre el negocio mundial de los datos y la inteligencia artificial.