Se creó el Frente de Sindicados Unidos (FreSU). Lo integran gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado y La Fraternidad, entre otros.

En este nuevo espacio, donde abrevan gremios de la CGT y de las dos CTA, acordó un plan de acción con movilizaciones en diferentes provincias para culminar el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma en el Senado, en una gran movilización frente al Congreso.

Habrá que ver cómo reacciona la conducción de la CGT, ante esta muestra de autonomía en lo que hace a la lucha contra la reforma laboral.

Este grupo, que según los organizadores llega al medio centenar, considera que no hay espacio para la negocación porque ninguno de los artículos del proyecto oficial es positivo para los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

“Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976″, dice el documento que los integrantes del Fresu dieron a conocer luego del encuentro.

Como la semana pasada, la reunión se realizó en la sede de la UOM que conduce Abel Furlán, el dirigente sindical que viene reclamándole a sus compañeros de la conducción cegetista una mayor firmeza contra la reforma laboral que impulsa el gobierno.

El FreSU no descarta ni rechaza la negociación, pero sus integrantes consideran que no se puede negociar con un gobierno que no busca beneficios ni respeto por los derechos de los trabajadores.

El documento lo dice con claridad: “Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores”. Es más, afirma que el gobierno de Milei busca que el proyecto sea el resultado de “negociaciones a espaldas del pueblo trabajador, en las que algunos gobernadores estarían dispuestos a intercambiar el voto de senadores por beneficios coyunturales para sus administraciones provinciales”.

Afirma este grupo que todo lo que está haciendo la Casa Rosada es una maniobra política que “entrega derechos históricos a cambio de migajas, y que compromete el futuro del trabajo en la Argentina”.