El juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, interpuso una medida cautelar que suspendió la vigencia del Servicio Alimentario Escolar (SAE) dispuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal mediante un decreto en noviembre pasado. El mismo establecía que el manejo de los fondos para el servicio alimentario en las escuelas pasaría de los consejos escolares a los intendentes. Por esta misma razón, La Noticia Web Radio entrevistó a Santiago López Medrano, ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Tras explicar los pormenores del nuevo SAE, consideró que con la cautelar “hay una clara intencionalidad política”, aunque confía que la apelación que vienen preparando se resolverá antes de los primeros días de abril.

En un marco de no inicio de clases, de todas maneras hay chicos que ya están yendo a la escuela para recibir la comida del mediodía. ¿Qué pasa en el mientras tanto de este fallo del juez Arias?

En primer lugar, lo que establece el decreto del año pasado no es la municipalización. El sistema sigue siendo provincial, donde el estado es el que transfiere los fondos, supervisa, tiene capacidad de sanción y de control. Esto es importante aclararlo. No es que se transfiere a los municipios la competencia. Lo que cambia es que, en vez de transferirle al consejo escolar, se le transfiere al municipio una cuenta especial, para que lo administre. La prueba piloto por ahora es en doce municipios de la provincia de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con el plano judicial, por supuesto que estamos preparando la apelación que esta semana se va a presentar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, porque entendemos que desde el punto de vista jurídico no hay fundamentos para sostener el fallo. Es una potestad de la administración definir la modalidad. El SAE fue creado por un decreto, o sea que no hay colisión de normas. Con el SAE se liquidará a mes vencido. Tendríamos que transferir los fondos en los primeros quince días de abril, fecha para la que confiamos en tener la resolución judicial. En este tema creemos que la gobernadora encaró un cambio fundamental. La comida de los chicos fue un tema que no estaba en la agenda. Se destinaba 740 millones de pesos cuando llegamos a la gestión. No se controlaba la calidad de lo que servía y tenía muchísimos reclamos, fundamentalmente de los padres del millón seiscientos mil chicos que comen en comedores escolares de la provincia.

El SAE ya venía siendo administrado en municipios como Vicente López, San Isidro, Tres de Febrero, Almirante Brown, etc. Mientras apelan, ¿esperan que efectivamente para principios de abril esto siga por los cauces normales que tenía?

Absolutamente. El decreto salió en noviembre del año pasado, como resultado de un estudio muy profundo que se hizo en casi mil escuelas en cincuenta y siete municipios, donde no estuvo solo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que también estuvieron las universidades de La Plata y San Martín; el CESNI y el CEPEA [NdeE: Centro de Estudio sobre Nutrición Infantil y Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación], dos entidades especializadas en nutrición infantil. Se hizo un estudio pormenorizado, donde se pesaron y fotografiaron sesenta y cuatro mil platos de comida y se ingresó a las cocinas. Tenemos un sistema alimentario escolar donde casi el 30% de los establecimientos que tienen servicio alimentario no tienen acceso al agua de red. El 90% del personal que trabaja, y hace malabares con lo que tiene, nunca recibió una capacitación en manejo de alimentos. Por eso nos pusimos a reformarlo y la verdad es que hubo un acompañamiento muy grande. Nombraste municipios que no tienen que ver con nuestro color político. Esto tiene que ver con resultados concretos de gestión, y sobre todo que esa plata que pone la provincia de Buenos Aires llegue al plato de comida de cada chico.

En su fallo, el juez Arias consideró esta medida como inconstitucional. En declaraciones del fin de semana, dijiste que veías al decreto totalmente legal y al argumento jurídico muy débil. ¿Cómo ves esta situación entonces?

El fallo habla del artículo que regula las funciones educativas de los consejos escolares. El sistema alimentario claramente no es una función educativa. El otro fundamento es un reglamento que no tiene jerarquía superior a un decreto. Cuando se saca un decreto, este recorre los organismos de control de la Provincia, la fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Asesoría de Gobierno. Los tres tuvieron un dictamen favorable. Este decreto fue fruto de un consenso muy conversado con los distintos intendentes y con la comunidad educativa. Por eso, con la cautelar del SAE hay una clara intencionalidad política. Hace pocas semanas hubo un fallo del mismo juez que se expidió contra los descuentos a los docentes.

Se confirma un aumento en la cápita de los chicos por almuerzo de $12,60 a $16,40, y el desayuno a $10,40 por persona.

A partir del 1 de mayo va a haber un aumento del 30% en todo el servicio alimentario. No sólo en los municipios que conveniaron el nuevo sistema. También en el resto de los municipios que siguen con el sistema tradicional de consejos escolares. No ha habido discriminación en ese sentido. Algo que es muy importante también es la regularización en los pagos, porque puedo aumentar la cápita pero si tardo seis meses en transferir los fondos, el sistema termina viéndose perjudicado. Esto genera mayor cantidad de proveedores interesados en participar en las licitaciones. Además el sistema nuevo pone un menú con un piso nutricional que tiene que estar garantizado. Nunca ha habido un menú garantizado desde el gobierno provincial. Hay mucha más presencia y control desde el gobierno provincial en este nuevo sistema que en el anterior.

¿Esperan que la apelación se resuelva antes de los primeros días de abril y no haya un cambio de manos?

Absolutamente. Y que se pueda seguir trabajando en este proceso de transformación del SAE, pensando en el millón seiscientos mil chicos que comen todos los días en las escuelas bonaerenses.