El fiscal federal, Ramiro González, imputó a Damián Reidel, ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal durante viajes al exterior.

La causa, que quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, también alcanza a integrantes del Directorio, de la Sindicatura y a los titulares o usuarios de los plásticos vinculados a la cuenta corporativa N°338402 emitida a nombre de la compañía.

Según el requerimiento de instrucción, la fiscalía busca determinar si existieron «irregularidades penalmente relevantes en la utilización y administración de la tarjeta corporativa correspondiente a la cuenta N° 338402 emitida a nombre de Nucleoeléctrica Argentina S.A., durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026″.

La denuncia tomó impulso luego de un informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se incorporó un reporte elaborado tras un pedido de acceso a la información realizado por la diputada, Florencia Carignano, donde aparecían distintos consumos presuntamente ajenos a las funciones institucionales de la empresa.

De acuerdo con la investigación preliminar, entre los gastos detectados figuran 45 compras en free shops por un total de 5.957 dólares y más de 1,1 millones de pesos, además de pagos a Mar y Sombra SL, una firma de servicios de playa en Valencia, por 212 dólares.

También se registraron consumos en hoteles, pasajes aéreos, indumentaria y transferencias vía Mercado Pago en distintos países. A eso se suman adelantos de efectivo por 56 millones de pesos y gastos en el pub El Pirata, de Madrid, por 765 dólares.

El fiscal señaló además que el informe entregado no permitía identificar quién había realizado cada operación. «El reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación», sostuvo González, quien además advirtió que tampoco se detallaba si los gastos habían sido efectuados con una sola tarjeta o con adicionales.

Por su parte, la diputada Marcela Pagano sostuvo en la denuncia que, incluso si los desembolsos hubiesen ocurrido en viajes oficiales, «los consumos observados resultarían incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos».

La fiscalía también puso bajo la lupa a quienes tenían responsabilidades de control dentro de la empresa. Según se indicó en la presentación judicial, podrían haber existido omisiones en las tareas de supervisión y autorización de los gastos corporativos realizados durante la gestión de Reidel.