El Gobierno inició un lento proceso de reorganización política frente al desafío central que afrontó el Congreso en la antesala del nuevo período legislativo: la discusión de la reforma laboral en el Senado. Tras el fracaso del intento por llevar el proyecto al recinto durante las sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza redefinió su hoja de ruta y puso el foco en la construcción de consensos.

La presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, avanzó con el dictamen pese a no reunir los votos necesarios y anunció que el texto quedaba “abierto” a cambios. La senadora comunicó luego que a mediados de enero inició una ronda de encuentros con distintos espacios políticos para intentar garantizar la media sanción.

El primer escollo apareció entre los aliados habituales. La Unión Cívica Radical expresó reparos tanto sobre el contenido del proyecto como sobre el contexto político. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, anticipó que “así como está” la iniciativa no contaría con el respaldo de su bancada, aunque dejó abierta la posibilidad de una negociación.

En términos numéricos, el oficialismo partió de una posición débil. La Libertad Avanza reunió 20 senadores propios. A ese número se sumarían tres del PRO. Incluso con un hipotético acompañamiento total del radicalismo, el Ejecutivo no alcanzó el número necesario para aprobar la ley.

El principal foco de resistencia se ubicó en el peronismo. El interbloque Justicialista, con 33 senadores, rechazó el contenido de la reforma. A diferencia de debates anteriores, el PJ no se limitó a bloquear el proyecto. La estrategia incluyó la búsqueda de alternativas parlamentarias y una eventual ofensiva para captar votos en una instancia posterior.

Dentro del peronismo, la atención se centró en el bloque Convicción Federal, integrado por cinco senadores que respondieron a gobernadores con buen vínculo con la Casa Rosada. En el tratamiento del Presupuesto 2026, cuatro de esos legisladores acompañaron al oficialismo. Entre ellos se encontraron Guillermo Andrada, de Catamarca, cercano a Raúl Jalil, y Sandra Mendoza, de Tucumán, alineada con Osvaldo Jaldo, provincias que recibieron fondos nacionales.

El caso de Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un perfil singular. Aunque votó el Presupuesto, mantuvo una disputa abierta con Cristina Kirchner y La Cámpora tras la intervención partidaria en su provincia. En contraste, Jesús Rejal, de La Rioja, y Fernando Salino, de San Luis, sostuvieron una postura opositora, al igual que los senadores del Frente Cívico por Santiago del Estero.

Desde el bloque Justicialista admitieron la complejidad del escenario. “No los damos por perdidos, pero son difíciles. El gobierno le tira plata a los gobernadores y ellos mandan a levantar la mano”, sostuvo una fuente del espacio. Luego agregó: “Vamos a tener que buscar a estos y a los sueltos”.

Ese segundo grupo incluyó a once senadores de fuerzas provinciales, cuyos votos resultaron decisivos. Allí aparecieron legisladores que respondieron a gobernadores de Salta, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Misiones y Córdoba, entre otros distritos. La mayoría acompañó el Presupuesto impulsado por el Ejecutivo, pese al recorte de partidas sensibles como las destinadas a las universidades nacionales.

El respaldo previo no garantizó un apoyo automático a la reforma laboral. Aunque varios mandatarios provinciales vieron con buenos ojos los cambios en el mercado de trabajo, manifestaron preocupación por el impacto fiscal del paquete impositivo asociado. La baja del Impuesto a las Ganancias encendió alarmas en las provincias por tratarse de un recurso coparticipable.

Un informe atribuido al senador Jorge Capitanich, que circuló entre gobernadores de distintos signos políticos, estimó que las provincias perderían entre 1700 y 2000 millones de pesos durante 2026 por la caída en la recaudación. Ese dato reforzó las dudas en los distritos que afrontaron elecciones ejecutivas en el corto plazo.

“No vale de nada que después les den ATN -Aportes del Tesoro Nacional- si todo el tiempo pierden plata. Hay 14 gobernadores y el jefe de la Ciudad que podrían ir a pelear una reelección y, sin obra pública nacional, necesitan fondos para poder trabajar pensando en el 2027. Es ahí donde tenemos que ir a frenar esto», explicó un senador peronista.

En esa línea, legisladores del PJ de Entre Ríos solicitaron una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para exponer el impacto fiscal del proyecto. Movimientos similares comenzaron a tomar forma en otras provincias. La definición final quedó atada a la posición de los gobernadores, quienes concentraron la llave del debate que el Gobierno buscó destrabar antes de febrero.