La recaudación tributaria registró en marzo un total de $16,1 billones. En términos reales, ese nivel coincidió con dos momentos críticos de la economía reciente: marzo de 2020, en plena pandemia, y marzo de 2024, tras la devaluación inicial del gobierno de Javier Milei. Se trató de un dato que expuso con claridad el freno en la actividad.

Un informe de la consultora Vectorial ubicó el número en perspectiva histórica. Señaló que los ingresos del mes quedaron en línea con los registros más bajos de los últimos años y lejos del promedio de la última década. “la recaudación del mes totalizó 16,1 billones, un valor que se asemeja a los peores registros de la serie histórica reciente – comparables a los de 2020, en plena pandemia, y a los de 2024 – y que se ubica aproximadamente un 12% por debajo del promedio del período 2017-2026. No se trata de una fluctuación coyuntural: la secuencia de caídas reales acumula ya más de medio año y la distancia respecto al promedio histórico es persistente”, indicó el documento.

El mismo análisis advirtió sobre un problema de fondo. “En el plano fiscal aparecen nuevamente dos problemas que se retroalimentan y que, lejos de ceder, se agravan con el correr de los meses. El primero es una caída estructural de la recaudación que presiona la regla fiscal de superávit innegociable. La administración Milei se encuentra entre la espada y la pared: o cede en el objetivo fiscal, resignando la credibilidad que construyó ante los mercados, o lo sostiene a costa de una imagen pública que, según distintos relevamientos de opinión, ya tocó su piso desde la asunción”.

En ese escenario, el Gobierno optó por profundizar el ajuste. Según trascendió, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió a los ministerios aplicar un recorte del 2% en los gastos corrientes y del 20% en las partidas de capital. La decisión fijó como fecha límite el 30 de abril.

El anuncio circuló primero a través del periodista Luis Majul y luego recibió un respaldo directo del Presidente. Milei replicó la información con un mensaje breve: “excelente actitud”.

El cuadro general dejó expuesto el dilema central de la gestión. El Ejecutivo sostuvo el equilibrio fiscal como eje de su programa económico, pero esa estrategia impactó en la actividad y en los sectores vinculados al empleo. La caída de ingresos fiscales ya acumuló ocho meses consecutivos en términos interanuales.

Durante el verano, el Gobierno apeló a distintos mecanismos para sostener las cuentas. En enero, utilizó ingresos extraordinarios derivados de la privatización de las represas del Comahue. En febrero, ejecutó un recorte fuerte del gasto. Marzo abrió interrogantes. Los datos devengados no mostraron un ajuste significativo, aunque surgieron dudas sobre posibles demoras en pagos.

Esa sospecha apareció en paralelo a conflictos en el transporte público. La reducción en la frecuencia de colectivos y las medidas de fuerza dejaron en evidencia tensiones por el envío de subsidios. También se registraron adelantos de transferencias, en una dinámica similar a la aplicada con las provincias, que también enfrentaron el recorte de fondos nacionales.

Con ingresos en niveles críticos y presión sobre el gasto, el Gobierno quedó atrapado entre sostener el superávit o evitar un mayor deterioro económico y social.