La diputada provincial del Frente Renovador Ayelén Rasquetti presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca “garantizar la transparencia en la comunicación de los precios en los combustibles líquidos y gaseosos”. La iniciativa se debatirá la próxima semana y apunta a reinstalar obligaciones de información previa para petroleras y estaciones de servicio en la Provincia de Buenos Aires.

El texto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad de aplicación “toda modificación en los precios de venta, con una antelación no menor a setenta y dos (72) horas corridas”. Las estaciones de servicio, por su parte, tendrán que publicitar las subas “en su cartelería visible al público, en cada surtidor y en sus medios digitales oficiales” con al menos 48 horas de anticipación.

El proyecto prevé un régimen de sanciones diferenciado. Las compañías abastecedoras que no cumplan con el aviso previo podrán recibir multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper y hasta la suspensión temporaria de su habilitación comercial en caso de reincidencia. Para las estaciones de servicio, las sanciones van de 100 a 500 litros de nafta súper y pueden llegar a la clausura preventiva del establecimiento.

En declaraciones con LaNoticiaWeb, Rasquetti defendió la propuesta y recordó que existía “una ley que lo que hacía era prever e informar a la comunidad sobre la suba de las tarifas en el combustible”. Según la legisladora, “esa ley la dejó sin efecto Milei y a partir de ese momento ni las petroleras ni las estaciones de servicio tienen que informar los aumentos en las tarifas”.

La diputada sostuvo que “todas las personas de la provincia de Buenos Aires quedan rehenes de 3 o 4 tipos que de la noche a la mañana te aumentan las tarifas que mueven los precios de muchas otras cosas y que te desregulan tu situación económica”. En esa línea, enfatizó: “Lo que proponemos es ponerle un freno a este tipo de acuerdos y no vamos a tolerar que tipos como Bulgheroni, que son amigos del poder, pongan de rehén a la sociedad de la provincia por sus negocios”.

Los fundamentos del proyecto señalan que la reciente derogación nacional de la obligación de informar aumentos “ha generado un vacío normativo que afecta directamente a los usuarios, quienes carecen de previsibilidad frente a variaciones que impactan en su economía cotidiana”. También subrayan que el combustible “constituye un insumo esencial para la vida económica y social” y que la intervención estatal busca equilibrar “la asimetría informativa entre proveedores y usuarios”.

De aprobarse, la norma entrará en vigencia a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial. La autoridad de aplicación quedará en manos del Poder Ejecutivo provincial, que podrá articular controles con los municipios para fiscalizar su cumplimiento.