La represión policial vivida en las inmediaciones del Congreso de la Nación cuando el Senado aprobó la Ley Bases tiene como característica la arbitrariedad con la que las fuerzas federales detuvieron personas. Esto es explicado por múltiples abogados y por el hecho de que, de los 33 detenidos iniciales, al día de hoy solo haya 5 que permanecen en prisión.

La inmensa mayoría de los detenidos, que incluso fueron apresados de manera legalmente dudosa en cárceles comunes, fueron liberados por la insólita falta de pruebas con las que se los demoró.

Sin bien esta mayoría ya salió, Facundo Gómez continúa detenido tras 13 días en el Penal de Ezeiza. Acusado de haber saltado un vallado policial, el vendedor de café de 31 años comparte pabellón con presos comunes que ingresan a la cárcel.

Sin fotos, sin videos, y sin pruebas más allá del testimonio de un policía, es insólito legalmente que el Fiscal Carlos Stornelli haya pedido su traslado a una cárcel común y que el Juez competente haya aceptado dicha solicitud.

En dialogo con AM750, la hermana del detenido, Micaela Gómez, explicó: «No hay pruebas. Leímos el expediente y no hay pruebas. La única prueba que presentan es la declaración de un efectivo de policías que lo detiene que dice haber visto estos hechos. Pero nada más. Es palabra contra palabra. Pruebas no hay. Fotos no hay. Videos no hay».

La excusa de la justicia para que Facundo continúe detenido, es que las pruebas en su contra existen (el testimonio policial), mientras que no hay testimonios que lo avalen. En este sentido, la familia del detenido busca testigos: «Nosotros estamos buscando pruebas para demostrar su inocencia aunque ellos no tienen pruebas para culparlo«, dijo su hermana.

En esa línea, Micaela agregó, preocupada: «Nosotros queremos a mi hermano afuera. Ya. Y sin ninguna causa. Porque esto es arbitrario e ilegal. Nada de esto está bien. No justifico ni siquiera la averiguación de antecedentes».

LA SITUACIÓN DE LOS OTROS CUATRO DETENIDOS.

Junto con Facundo Gómez, hay otras cuatro personas que permanecen detenidas luego de haber sido demoradas en las inmediaciones del Congreso dicho día. Sin embargo, sus acusaciones tienen mayor solidez.

– Cristian Fernando Valiente, de 41 años, fue detenido en Santiago del Estero y Avenida de Mayo. Se lo acusa de haber ocasionado disturbios y arrojado elementos al personal policial. Poseía una granada de mano tipo de disuasión, como utilizan las fuerzas de seguridad (en actas de la investigación, se especifica que su vencimiento es julio 2022 y que contiene cloroacetofenona, un material irritante). Al detenerlo, le imputan “atentado y resistencia”. Está detenido en la Unidad 28 (Palacio de Justicia).

– Patricia Daniela Calarco Arredondo, de 39 años, está acusada de prender fuego bicicletas situadas en la plaza del Congreso, con registro fílmico de los hechos. El fiscal de flagrancia Carlos Caputto avaló su detención por infracción al artículo 186, “incendio”. Fue detenida en la calle Chile 1123. Está detenida en la Unidad 28 (Palacio de Justicia).

– David Sica, según las actuaciones judiciales, le pegó a un policía. Está detenido en la Unidad 28 (Palacio de Justicia).

– Roberto María de la Cruz Gómez, fue apresado con la acusación de arrojar piedras. Está detenido en Marcos Paz. A Roberto lo complican las declaraciones de una damnificada golpeada por las piedras arrojadas.