María Eugenia Vidal apuesta a cosechar esta semana la sanción del Presupuesto 2019 y su ley impositiva, que regirán el año en el que la gobernadora buscará su reelección. Un paquete que contiene la millonaria poda en remesas nacionales tras el acuerdo con el FMI y que genera fuerte malestar entre los intendentes por los gastos extra que les depara.

Ayer evaluaban convocar a doble sesión el viernes, en coincidencia con el inicio de la megacumbre de líderes del G-20 en CABA. «Si sale, será importante; si no, saldrá la otra semana», leyeron desde despachos provinciales ante Ámbito Financiero, respecto de la señal de fortaleza que mostraría así la administración de Vidal, desde el enclave más importante de Cambiemos.

Por de pronto, uno de los ejes de las febriles negociaciones con la oposición gira en torno de moderar esa mayor presión sobre los municipios, en materia del incómodo traspaso -por unos $13 mil millones- de subsidios al transporte y de la tarifa social eléctrica. Una concesión que el vidalismo está dispuesto a conceder.

El viernes hubo una reunión en San Miguel entre ministros de Vidal y legisladores e intendentes massistas, que elevaron planteos sobre subsidios, obras y fondo educativo. En las próximas horas recibirán la respuesta del oficialismo, que tomaría la forma de un nuevo encuentro Vidal-Massa.

«Con el FR todavía falta, con el PJ está más avanzado», dijeron ayer desde filas de Cambiemos a este diario. Es que las otras fichas están puestas en el bloque Frente Amplio Justicialista (un cuarteto de diputados en el que milita el excamporista José Ottavis) y en el dialoguista PJ Unidad y Renovación. Sobre todo, teniendo en cuenta que la vara sube a la hora de avalar el pedido de endeudamiento por $68.500 millones, para lo cual se necesitan dos tercios.

La semana pasada, el segundo peronismo -referenciado en los intendentes- dio señales de trabajo conjunto con la kirchnerista Unidad Ciudadana para avanzar en retoques sobre los proyectos remitidos por el ministro Hernán Lacunza. En esa línea, armaron una comisión, nutrida de intendentes y legisladores, para blindar sus reclamos, con eje en los municipios.