El Gobierno nacional admitió que no todo el dinero recaudado con destino al sistema vial llega al mantenimiento de las rutas. La confirmación la dio el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que una parte de esos recursos queda bajo la órbita del Ministerio de Economía para contribuir al objetivo de equilibrio fiscal.

La definición expuso una situación que ya genera cuestionamientos en la Justicia. Los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) tienen una asignación específica para financiar obras y tareas de mantenimiento de la red vial nacional. Sin embargo, una parte de esos recursos no se utiliza para ese fin.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa.

La declaración del funcionario se produjo en medio de una denuncia penal presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación. La legisladora pidió que la Justicia determine si existieron delitos vinculados con la retención y el presunto desvío de recursos del SISVIAL.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, además de avisarnos que el dólar puede llegar a $1.800 en los próximos meses, confirma que el superávit está dibujado al reconocer que el Gobierno utiliza parte de los impuestos destinados a las rutas para mejorar el resultado fiscal.

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— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) August 11, 2026

Según la documentación incorporada a esa presentación, al 31 de mayo de 2026 el fideicomiso acumulaba más de $1,001 billones en inversiones financieras y otros $37.761 millones en cuentas bancarias. En total, más de $1,038 billones permanecían sin aplicación directa en obras viales.

El contraste también aparece en los niveles de ejecución. En dos años y medio, la recaudación asignada al SISVIAL alcanzó $1,503 billones, mientras que solo $394.406 millones fueron utilizados para el objetivo previsto por el fondo. La subejecución llegó así al 73,8%.

La cuestión central pasa por el destino de esos recursos. El SISVIAL fue creado con una finalidad determinada y, según planteó Tolosa Paz en su denuncia, el dinero no puede utilizarse para cubrir otras necesidades generales del Estado.

“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable -el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional- fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros”, sostuvo la diputada.

Ravier, por su parte, defendió la situación y sostuvo que existe mantenimiento sobre las rutas nacionales. “Yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas. Hoy las rutas se están manteniendo, yo uso la Ruta 5 y si no hubiera mantenimiento en 2 años y medio no estaría como está, estaría peor”, afirmó.

La explicación oficial no despejó el interrogante sobre cuánto dinero de la recaudación vial quedó bajo decisión de Economía ni bajo qué mecanismo se dispuso de esos fondos. El propio vocero reconoció que no contaba con ese dato al momento de la entrevista.

La denuncia judicial apunta precisamente a determinar el recorrido de esos recursos. También solicita establecer quién impartió las instrucciones para las colocaciones financieras y qué funcionarios participaron de esas operaciones.

El caso adquiere mayor relevancia por el estado de distintas rutas nacionales. Entre las obras mencionadas en la presentación figuran proyectos sobre las rutas 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, con financiamiento internacional y aportes previstos del Estado nacional.

En ese marco, los informes citados por la legisladora registraron niveles muy bajos de ejecución física y financiera, pese a la existencia de recursos dentro del SISVIAL.

La controversia, así, no pasa solo por el nivel de inversión en las rutas. La propia Casa Rosada reconoció que una parte de los fondos con destino vial queda a disposición de Economía para sostener el equilibrio fiscal, mientras la Justicia deberá determinar si esa decisión respetó el destino específico que la normativa establece para esos recursos.