En noviembre de 1983, Juan Martín Paleo egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente y partió a su primer destino en Tartagal. Raúl Alfonsín ya había sido electo presidente y asumía un mes después, el 10 de diciembre de 1983. Paleo es hoy el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y como tal, el oficial en actividad más “antiguo”. La semana pasada, con demoras, el Senado le dio acuerdo para el ascenso a la máxima jerarquía, de teniente general.

Como la democracia recuperada, hace 38 años que Paleo está en actividad. Los otros tres máximos jefes que acaban de ser encumbrados por el mismo acuerdo del Senado son el jefe del Ejército, teniente general Agustín Humberto Cejas; de la Armada, almirante Julio Guardia; y de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac.

Isaac se graduó de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba en diciembre de 1983; Cejas del Colegio Militar en diciembre de 1984 y Guardia de la Escuela Naval Militar en diciembre de 1985.

Por el paso del tiempo y la renovación propia de las estructuras castrenses, es la primera conducción militar que llega a las máximas jerarquías -si bien está en funciones desde febrero de 2020, designados por el entonces nuevo gobierno de alberto Fernández- habiendo hecho toda su carrera en democracia.

Los mensajes del Ejecutivo al Senado en los casos de estos militares -parte de los 180 oficiales ascendidos la semana pasada- llevaron el mismo párrafo obligado de los últimos años: que de acuerdo a información de la Secretaría de Derechos Humanos “no se hallan antecedentes que vinculen al oficial superior propuesto con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o atentados contra el orden constitucional”.

Hace ya muchos años que en las fuerzas paulatinamente la distancia se ha hecho más grande con los años de plomo y sus consecuencias. Hace mucho que la inquietud militar principal son los salarios, y el presupuesto. Pero la simbólica línea de corte en diciembre de 1983 lleva a que haya empezado a ser abstracto el primer punto: cronológicamente, la imposibilidad de los actuales militares  de haber tenido algún rol en la represión ilegal de los años 70.

En cuanto a atentados contra el orden constitucional, el foco fueron los carapintada (hubo cuatro sublevaciones, entre 1987 y 1990), aunque se sabe que las grandes purgas las culminó el general Martín Balza, al frente del Ejército por ocho largos años durante los 90.

Los ascensos fueron un tema de tensión en la relación de la democracia con las Fuerzas Armadas desde 1983.

De Astiz a Milani

Con casos emblemáticos: el ascenso a capitán de corbeta en 1987 de Alfredo Astiz y simultáneamente su pase a retiro obligatorio, ordenado por Alfonsín en medio de fuertes presiones de la Armada; el rechazo del Senado en octubre de 1994 a ascender a capitán de navío a los marinos Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón, por su actuación como represores en la ESMA.

O en años más recientes, la gran polémica en 2013 por la decisión de Cristina Kirchner de promover al general César Milani como jefe del Ejército, a pesar de dos causas por violaciones a los derechos humanos (los casos Ledo y Olivera, en ambos terminaría absuelto) y la impugnación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Un caso el de Milani y el kirchnerismo de doble estándar notable, ya que decenas de oficiales habían visto truncadas sus carreras por meras sospechas. O incluso por “portación de apellido” (hijos o parientes de militares ligados al «Proceso»), política que ejecutó Nilda Garre como ministra de Defensa (2006-2010), que llevó el control de los ascensos a sus niveles más tensionantes con las Fuerzas Armadas del año 2000 en adelante.

El CELS fundado en 1979 por Emilio Mignone, padre de una desaparecida, tuvo en el control de ascensos una de sus misiones más notorias en pos de una “depuración” de las fuerzas en la transición democrática. En todos esos años fue una entidad civil clave en las impugnaciones a los pliegos, desde 1994 informando a pedido de la propia Comisión de Acuerdos del Senado.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a Clarín que el control de ascensos «fue una política específica que se piensa en la transición democrática, una política del Estado argentino que fue reconocida por la Comisión interamericana de Derechos Humanos». Admite que “hay una especie de fin de ciclo”, pero advierte que “no termina ahí porque puede haber situaciones en que se reivindiquen hechos de la dictadura y hubo casos en que se hicieron observaciones por posicionamientos en contra» de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Litvachky sostiene que es importante este escrutinio «como una forma de sostener las políticas de control de las fuerzas armadas y también policiales, por parte de la sociedad civil». Y afirma que el Congreso debe seguir investigando los ascensos. Respecto de las fuerzas policiales, señala que el control con participación de la sociedad civil se ha hecho en forma limitada, ya que solo se implementó durante la gestión de Garré en Seguridad.

Fuente: Clarín