El senador de Hechos – UCR Identidad, Marcelo «Chuby» Leguizamón, presentó un proyecto para institucionalizar los debates entre las fórmulas que compitan por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone dos encuentros públicos organizados por la Junta Electoral antes de cada elección general.
Con la mira puesta en las elecciones de 2027, el senador bonaerense, Marcelo «Chuby» Leguizamón, del bloque Hechos – UCR Identidad, presentó un proyecto de ley en la Legislatura para establecer la realización obligatoria de debates entre los candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. La propuesta plantea que los encuentros sean públicos, estén a cargo de la Junta Electoral y se desarrollen antes de los comicios generales.
La iniciativa prevé la realización de dos debates. En el primero, las fórmulas deberán presentar un diagnóstico de la situación de la provincia y exponer sus principales propuestas de gobierno. El segundo estará orientado al intercambio entre los candidatos, con preguntas y respuestas para confrontar ideas y posiciones.
En los fundamentos del proyecto, Leguizamón afirmó: “Los debates electorales constituyen una herramienta institucional destinada a equilibrar el proceso democrático, ya que permiten que los ciudadanos conozcan, comparen y evalúen simultáneamente las propuestas de gobierno, los diagnósticos sobre los principales problemas públicos y las capacidades argumentativas de quienes aspiran a ejercer la máxima responsabilidad política provincial”.
Asimismo, el legislador sostuvo que el objetivo de la iniciativa es “fortalecer la calidad democrática, garantizar el derecho ciudadano a la información política y promover una competencia electoral basada en propuestas, ideas y rendición anticipada de compromisos públicos”, por lo que considera que estos debates deben convertirse en una instancia obligatoria y no quedar sujetos a la decisión de los candidatos.
El proyecto también fija los temas mínimos que deberán abordarse, entre ellos seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura, desarrollo económico, ambiente, políticas sociales, transparencia y gestión fiscal, además de un eje que será definido con participación ciudadana. Cada debate incluirá presentaciones, exposiciones temáticas, preguntas entre los postulantes, consultas del público y un mensaje final.
En cuanto a la organización, la Junta Electoral bonaerense será la encargada de coordinar los encuentros con el apoyo de un comité integrado por representantes de los partidos políticos, universidades, organizaciones vinculadas a la transparencia electoral y asociaciones periodísticas. Además, los moderadores deberán ser periodistas o comunicadores seleccionados mediante un procedimiento público y los debates podrán realizarse en distintos municipios de la provincia.
La propuesta también establece que los debates sean transmitidos en vivo y de manera gratuita por televisión, radio y plataformas digitales, con acceso libre para todos los medios que deseen reproducir la señal. Además, incorpora herramientas de accesibilidad, como interpretación en Lengua de Señas Argentina, subtitulado simultáneo y recursos adaptados para personas con discapacidad visual o auditiva.
Por último, el texto dispone que si una fórmula decide no participar sin una justificación válida, el debate igualmente se realizará y el lugar del candidato ausente permanecerá vacío. Además, quienes incumplan podrían perder el acceso a espacios institucionales de difusión durante la campaña, afrontar los costos de difusión que establezca la reglamentación y quedar formalmente señalados por la autoridad electoral.
En ese sentido, Leguizamón remarcó: “La experiencia acumulada en elecciones nacionales demostró que los debates incrementan el nivel de interés ciudadano, promueven el análisis comparativo de plataformas y elevan los estándares de exposición pública de quienes aspiran a gobernar. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, que concentra cerca del 40% del electorado nacional y posee una escala política equivalente a numerosos países de la región, aún no cuenta con una regulación específica que garantice debates obligatorios para la elección de su máxima autoridad ejecutiva”.
