El gobernador, Axel Kicillof, oficializó el cierre del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar los subsidios al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con esta medida, la Provincia asumirá de manera definitiva el control del cálculo y la distribución de las compensaciones destinadas a las líneas de transporte de jurisdicción provincial y municipal, sin necesidad de la intervención técnica del Gobierno nacional.

El acuerdo había sido firmado en diciembre de 2018, tras el Consenso Fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En ese esquema, el entonces Ministerio de Transporte nacional calculaba los subsidios y la Provincia se encargaba de distribuirlos entre las empresas bonaerenses.

El convenio se mantuvo vigente durante más de siete años y fue prorrogado en diez oportunidades.

El cambio comenzó con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, implementado por la Provincia para reemplazar el mecanismo que hasta ese momento dependía de la Nación. Según el decreto, esa modificación volvió «innecesaria» la continuidad del convenio.

Además, el Acta de Cierre firmada el 7 de marzo de este año dejó constancia de que ambas administraciones dieron por cumplidas todas las obligaciones vinculadas al acuerdo, incluyendo el cálculo y distribución de subsidios, el Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil diferencial.

La decisión también tiene un fuerte contenido político debido a las diferencias entre la gestión de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei por el reparto de recursos y el financiamiento del transporte.

De esta manera, la Provincia administrará un sistema propio una de las áreas donde más se profundizó el conflicto con la Nación.