La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y Javier Milei acudieron a la Corte Suprema para evitar suministrar alimentos a los comedores comunitarios asociados con organizaciones sociales. Esto ocurrió en el marco de una causa penal donde el juez Sebastián Casanello y seis camaristas de dos instancias ya determinaron que debe presentar un plan y distribuir los productos almacenados en dos depósitos, no solo la leche en polvo próxima a caducar. Todos estos jueces coincidieron en que el Gobierno debe asegurar el derecho a la alimentación.

Pettovello hizo su nuevo movimiento justo cuando otro juez, Walter Lara Correa del fuero contencioso administrativo, emitía una medida cautelar ordenándole implementar y ejecutar los tres programas alimentarios que ella misma admitió estar vigentes, pero que no cumple. Además, le indicó que no necesita más fondos para esto, sino que debe utilizar los recursos que ya posee.

A la Corte

En la causa penal que tramita en Comodoro Py, Pettovello fue denunciada por detener, desde su llegada al poder, la entrega de alimentos o fondos a comedores y merenderos populares. La denuncia original fue realizada por Juan Grabois y la Asociación El Amanecer de los Cartoneros, que atiende a 320 comedores, fue aceptada como querellante. El Centro de Estudios Legales y Sociales participa como tercero (amicus curiae). El juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa buscan determinar si la ministra y su equipo incumplieron sus deberes como funcionarios, abusaron de su poder o cometieron algún otro delito.

Durante el trámite de la causa se descubrió que el Ministerio de Capital Humano acumulaba casi 6.000 toneladas de comida en dos depósitos, uno en Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, Tucumán. Entre los productos almacenados había algunos vencidos y otros, especialmente leche en polvo, a punto de vencer. Esto evidenció que, mientras miles de familias pasan hambre, el gobierno estaba acopiando alimentos. El juez decidió dictar una medida cautelar para prevenir un posible delito y/o sus efectos.

Hasta entonces, Pettovello argumentaba que había suspendido la entrega de mercadería y fondos a comedores y merenderos populares debido a supuestos desmanejos y afirmaba rechazar la intermediación de organizaciones sociales, a las cuales el gobierno demoniza. Como consecuencia, castigaba a quienes no tenían para comer en tiempos de creciente pobreza y desempleo. Capital Humano respondió a Casanello que había delegado la distribución de leche en la fundación Conin, del antiderechos Abel Albino, a pesar de ser un intermediario, y que había solicitado a los ministerios de desarrollo social de las provincias que distribuyeran el resto únicamente en escuelas vulnerables. Hasta ahora, se han enviado 465,464 kilos de leche en polvo a punto de vencer en julio y 4,339 kilos de harina de maíz a través de Conin a entidades y comedores vinculados a la fundación, y se han entregado a Santa Cruz 21,168 unidades de arroz con carne, 21,168 de locro, 7,200 de pasta de maní, 2,520 unidades de aceite y 1,200 frazadas de una plaza, en respuesta a un pedido de ayuda por una ola de frío.

Apelación

Mientras respondía parcialmente al juzgado, el Ministerio de Capital Humano apeló repetidamente, argumentando que la política alimentaria no es un asunto judiciable y que Casanello violó la división de poderes al exigir un esquema de distribución de alimentos. La Sala II de la Cámara Federal (Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun) y la Cámara de Casación Penal (Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci) respaldaron unánimemente la orden del juez de primera instancia. Ahora, Pettovello ha recurrido a la Corte con el mismo argumento, representada por los abogados Leila Gianni, Ariel Romano y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

El recurso extraordinario alega una «intromisión abusiva» del Poder Judicial que «afecta y condiciona el ejercicio de una competencia propia de la Administración Pública Nacional respecto de la política pública», y sostiene que los alimentos almacenados son para «situaciones de emergencia» que están siendo desviados de su finalidad por la apreciación de otro poder (judicial). Afirma que la orden judicial «impide el normal funcionamiento de una política pública» y «afecta la inmediatez de la función administrativa, concretamente en contra del interés público comprometido». Argumenta que el Poder Judicial está obligando a cambiar la «política alimentaria» del gobierno y califica el asunto de «gravedad institucional». Para el gobierno, la gravedad no es interrumpir la alimentación, sino que un juez le ordene reanudarla.

El recurso ante la Corte de Capital Humano fue presentado el último viernes, el mismo día que el juez contencioso administrativo Lara Correa dictó una medida cautelar en un amparo colectivo iniciado por el CELS y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), al que se sumaron otras entidades y la defensora Florencia Plazas en representación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los comedores comunitarios. Aunque se trata de un expediente distinto al penal, parece ser complementario y desmentir lo que plantea el Ministerio de Pettovello ante la Corte. Este juzgado la intimó a cumplir los programas alimentarios que su propia cartera reconoce como vigentes, pero que no respeta: Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Programa Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Algunos de estos programas se implementan a través de la entrega de fondos con rendición de cuentas exigida y otros con la distribución directa de alimentos secos a los comedores.

Ni siquiera llegó a ser oficializado.

A esto hay que sumar que el jefe de Gabinete de Sandra Pettovello que había llegado para poner orden, este lunes confirmo su salida. El tiempo de Fernández Aparicio en el Ministerio fue tan breve que su nombramiento nunca se publicó en el Boletín Oficial. Anunciado el 14 de junio como reemplazo de Fernando Szeresesky, quien después del escándalo se fue de gira con los Ratones Paranoicos, Fernández Aparicio no llegó a asumir oficialmente el cargo.

Desde el ministerio dirigido por Pettovello, se dio a conocer que Fernández Aparicio no renuncia porque nunca fue formalmente designado y que continuará apoyando a la ministra desde un rol más político.