El juez Walter Lara Correa, al frente de la sala Contencioso Administrativo Federal N° 7, ordenó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, reanudar completamente y sin demoras los planes actuales de seguridad alimentaria. Esto implica que la funcionaria deberá garantizar la entrega de suministros a los comedores y merenderos, independientemente de si están asociados o no a organizaciones sociales.

La decisión surgió después de que el dirigente Juan Grabois promoviera una acción colectiva contra la ministra a través del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el fin de que cumpliera con los acuerdos sobre la entrega de alimentos que Pettovello había suspendido, alegando la existencia de graves irregularidades.

Lo cierto es que la justicia ahora obliga a la ministra a reanudar la ayuda alimentaria de manera inmediata, aunque le reconoce la facultad de «reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes». También le otorga la potestad de crear nuevos programas «complementarios» para asegurar la alimentación de los sectores más excluidos de la sociedad.

El fallo representó un duro golpe a la resistencia de Pettovello de enviar alimentos a los comedores, argumentando la existencia de irregularidades. En el entorno de Grabois no descartan que el gobierno apele la medida la próxima semana.

«La ministra tiene la facultad de auditar todos los comedores, pero mientras tanto, tiene la obligación de suministrar los alimentos a los sectores más vulnerables, que son los que asisten a los comedores y merenderos», explicaron al portal LPO desde el entorno del dirigente social.

El juez insiste en que esta obligación no impide el ejercicio del poder de policía que tiene la autoridad de contralor sobre los comedores y merenderos «preinscriptos» y/o «matriculados».

Además, Walter Lara Correa ordena al Estado Nacional presentar un informe mensual sobre el desarrollo de las políticas públicas relacionadas con los comedores y merenderos, especificando la satisfacción del colectivo que asiste a ellos y la cantidad de población beneficiada, discriminada por ubicación geográfica.

Lo más grave es que los programas de ayuda alimentaria ya cuentan con partidas presupuestarias que se están subejecutando, y su incumplimiento implica la violación de compromisos internacionales, como lo es el Programa de Naciones Unidas.

Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo se vuelve más precario.

Ante el fallo, Grabois explicó en su cuenta de X que «desde diciembre, distintos espacios comunitarios dejaron de recibir alimentos para sus comedores. Por eso, en febrero iniciamos esta acción y también denuncié penalmente a la ministra».

«La medida cautelar es un paso importante para que se cumplan las partidas presupuestarias ya asignadas para los programas de alimentación a través de los comedores y se ejecuten los fondos entregados por el Programa de Naciones Unidas». «Esta decisión judicial llega en un contexto en el que, según los propios datos oficiales, la pobreza aumenta y el empleo cae y se vuelve más precario», concluyó Grabois.

El Gobierno, en su ofensiva contra las organizaciones sociales, alega que quiere eliminar intermediarios en la distribución de la ayuda alimentaria, razón por la cual decidió ignorar a miles de comedores. Cuando surgió el escándalo debido a alimentos almacenados en galpones sin ser distribuidos a los barrios, se firmó un convenio con la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (Conin), presidida por el pediatra Abel Albino, conocido por sus posturas antiderechos. Con este argumento, intentaron a finales de junio, sin éxito, que se declarara abstracto el amparo colectivo. Las organizaciones implicadas en la causa señalaron la contradicción de poner un nuevo intermediario, además de no garantizar el derecho a la alimentación.