Sucede que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) rastrea en toda la administración pública nacional qué contratos y convenios se hicieron con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y si se desviaron de su finalidad, investigación  provocada por las denuncias penales que analizan la posible distorsión del uso de fondos y la esencia de esos acuerdos.

Dicha dependencia, que pertenece a la estructura de la Procuración General de la Nación, tiene facultades para investigar irregularidades administrativas y colaborar con causas judiciales.

La delegación de la licitación y compra de alimentos (aceite y lentejas) a la OEI por parte del Ministerio de Capital Humano. En este caso lo encomendaba la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, encargada de la política de seguridad alimentaria.

Además, la OEI se lleva, una comisión del 5 por ciento. El otro eje es el presunto uso de acuerdos laborales (que se aplican a proyectos específicos y temporarios) para pagar sobresueldos, salarios a personas sin designación y para comprar dólares a repartir entre funcionarios.

En consecuencia, la PIA pidió documentación sobre los convenios y actas complementarias a más de una decena de reparticiones nacionales: la Secretaría de Obras Públicas, la de Desarrollo Cultural, Educación, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Jefatura de Gabinete, su Consejo Asesor, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y lo que queda de lo que fue el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad.

Los convenios con la OEI existen desde hace muchos años. Es un organismo multilateral que gestiona con fondos públicos (argentinos) para programas de formación (en el ámbito educativo), de desarrollo científico, promoción cultural y, tiene, además, un área de derechos humanos.

El problema es cómo y para qué se utilizan los acuerdos en cuestión y esto será analizado por la PIA, que dirige el fiscal Sergio Rodríguez. La documentación que rastrea la Procuraduría dentro de distintas áreas de gobierno abarcan a la gestión actual, pero también a las anteriores.

La propia Sandra Pettovello fue quien firmó el 6 de marzo un acta complementaria de un «Convenio Marco» con la OEI donde autoriza que la Secretaría de Niñez –por entonces a cargo de Pablo De La Torre– concrete la transferencia de 6.772.500.000 pesos.

Como si fuese poco, los ministros no pueden autorizar con su sola firma gastos, según la Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta, que superen los 2700 millones de pesos. El cálculo se hace en módulos cuyo valor se va actualizando.