La disciplina fiscal continúa como uno de los pilares de la estrategia económica oficial. Sin embargo, los datos acumulados hasta mayo muestran que el margen para sostener el sendero actual se achicó. La caída de la recaudación impactó sobre las cuentas públicas y redujo el ritmo de acumulación de superávit, justo cuando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige resultados más ambiciosos.

Entre enero y mayo, el sector público registró un superávit primario de $6,98 billones. La cifra representa cerca de la mitad del objetivo comprometido para todo 2026. Según las pautas acordadas con el organismo internacional, el Gobierno deberá alcanzar un saldo positivo equivalente a $16,26 billones antes de finalizar el año.

La diferencia entre ambos números refleja el desafío que enfrenta el equipo económico. Aun con cinco meses consecutivos de superávit, el Ejecutivo todavía debe sumar más de $9 billones para cumplir con la meta pactada con el FMI.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que, si la dinámica fiscal replica el comportamiento observado durante 2025, el resultado final quedaría por debajo de lo comprometido. En ese escenario, el superávit anual rondaría los $12 billones.

Desde la entidad señalaron: «En consecuencia, el Gobierno necesita aumentar el superávit en al menos $4,23 billones para cumplir con la meta anual exigida por el organismo».

La conclusión es clara: mantener el ritmo actual de ajuste no alcanzaría para satisfacer las exigencias del Fondo. La administración nacional deberá encontrar nuevos recortes o profundizar los ya existentes para acercarse a la meta fiscal.

El problema es que las áreas donde todavía existe margen de reducción concentran una elevada sensibilidad política y social. El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo: «La administración sigue demostrando voluntad de contención, aunque la motosierra que operó en 2024 y 2025 debe dar paso necesariamente a un ajuste más selectivo. Las partidas sobre las que vemos espacio remanente de ajuste, como subsidios energéticos y de transporte, empleo público y transferencias discrecionales a provincias, son las que generan fricciones políticas y distributivas en un año preelectoral».

El especialista remarcó además que una nueva reducción de subsidios podría tener efectos sobre sectores productivos que todavía muestran dificultades para recuperar niveles de actividad. Según explicó, los mayores costos derivados del ajuste tarifario impactan especialmente sobre ramas como la industria y la construcción.

Las cifras de mayo reflejaron un deterioro de los ingresos superior al ajuste aplicado sobre las erogaciones del Estado. Mientras la recaudación registró una caída real interanual del 4%, el gasto primario retrocedió 2,2%. Como resultado, el superávit primario mensual alcanzó los $1,9 billones, aunque mostró una baja real de casi 15% respecto del mismo mes del año pasado.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año también apareció una señal de desaceleración. El superávit primario registró una contracción real del 23,7% frente al mismo período de 2025.

Los principales recortes de mayo se concentraron en subsidios energéticos, subsidios al transporte, salarios del sector público, transferencias discrecionales a las provincias y obra pública. Esta última volvió a ubicarse entre las partidas más afectadas, con reducciones significativas en programas vinculados a infraestructura educativa, transporte, energía y acceso al agua potable.

Con ingresos tributarios que muestran menor dinamismo y una meta fiscal exigente por delante, el Gobierno enfrenta el desafío de profundizar el ajuste durante el segundo semestre. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la administración de Milei logra cumplir el compromiso asumido ante el FMI sin alterar el equilibrio político y económico.