La disputa laboral que desde hace meses enfrenta a trabajadores de la empresa Lustramax con la conducción de la firma sumó un nuevo capítulo y escaló al plano judicial y político. Empleados de la planta ubicada en Tortuguitas denunciaron a la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, por presunta persecución sindical y desobediencia judicial en el marco del conflicto que mantiene paralizada parte de la actividad.

La controversia se originó tras una serie de despidos que los trabajadores consideran arbitrarios y vinculados a su actividad gremial. A partir de allí, comenzaron reclamos ante organismos laborales y tribunales provinciales, que derivaron en resoluciones favorables para algunos de los empleados afectados.

Uno de los ejes centrales del conflicto es la situación del delegado gremial Leandro Gómez. Según denuncian los trabajadores, distintas resoluciones administrativas y judiciales ordenaron su reincorporación a la planta, pero la medida todavía no habría sido cumplida por la empresa.

En ese contexto, los empleados sostienen que Arietto, en su carácter de representante legal de Lustramax, tuvo una participación activa en las decisiones que impidieron el regreso del delegado a su puesto de trabajo. Por ese motivo impulsaron una denuncia penal en la que cuestionan su accionar durante el conflicto.

La situación también motivó una presentación ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Allí, una organización civil cuestionó declaraciones públicas realizadas por la legisladora contra abogados laboralistas y planteó que ese tipo de expresiones resultan incompatibles con el ejercicio profesional.

Otro de los aspectos que generó polémica fue la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la fábrica durante algunas jornadas del conflicto. Los trabajadores consideran que el operativo tuvo un efecto intimidatorio sobre quienes participaban de las protestas y reclamos.

Desde el sector gremial afirman que la Justicia ya rechazó distintas denuncias penales impulsadas contra los trabajadores y ratificó que la disputa debe resolverse en el ámbito laboral. Por eso sostienen que la empresa continúa incumpliendo decisiones judiciales que ordenan la restitución de derechos laborales.

Mientras la causa avanza, los trabajadores mantienen una campaña de visibilización del conflicto. En las últimas semanas participaron de encuentros sindicales, actividades en universidades y reuniones con legisladores provinciales para exponer su situación y buscar respaldo político e institucional.

El reclamo sigue abierto y suma nuevos actores en una disputa que ya trascendió las puertas de la fábrica y se instaló en la agenda política bonaerense.