El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, redactaron y firmaron un decreto que modifica dos decretos, el 222 de junio de 2003 y 588 de agosto de ese mismo año.

Las modificaciones que incluye el nuevo instrumento le quitan la esencia al decreto que se publicó en junio de 2003, y tenía como objetivo limitar al Poder Ejecutivo para, como dijo el entonces presidente Néstor Kirchner, “terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos”.

Así, se deroga la exigencia de publicar las postulaciones y antecedentes en diarios de circulación nacional; la difusión de las candidaturas queda limitada a la web oficial del Ministerio de Justicia.

También se eliminarán las recomendaciones previas para que el Poder Ejecutivo contemple, como dice el decreto 222/03 “la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”, al momento de proponer a los candidatos.

Pero hay un dato más y es que el nuevo decreto de Milei no solo impactará en el 222, sino que también modifica el 588 de agosto de 2003. Este último toma los criterios y procedimientos de selección del 222 y lo hace extensivo a la selección del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y, también, de los jueces de los tribunales federales inferiores.

Solo dos gobiernos no tomaron en cuenta el decreto 222/03. El primero fue el de Mauricio Macri, que lo hizo por decreto y luego volvió sobre sus pasos para designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El otro es el presidente Milei, que no lo tuvo en cuenta cuando designó en comisión al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla para ser parte de la Corte. En su momento solo asumió García-Mansilla, pero ante el escándalo institucional que implicó la forma en que llegó a la Corte, no tuvo más remedio que renunciar.

EL DECRETO: