Las denuncias contra los mecanismos de cobranza vinculados a Mercado Pago comenzaron a multiplicarse en los últimos días. El principal cuestionamiento apunta a que estudios jurídicos e intermediarios contratados para recuperar deudas recurren a familiares, amigos y colegas laborales de los usuarios para ejercer presión y lograr el pago.

Según los reclamos difundidos por distintos usuarios, la metodología incluye mensajes por WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos dirigidos a personas que no participaron de la operación crediticia ni mantienen obligación alguna con la deuda.

En numerosos casos, los contactos recibieron información sobre el estado de mora e incluso sobre los montos adeudados, una situación que, según denunciaron los afectados, derivó en episodios de exposición pública, incomodidad y presión social. En las redes sociales, varios usuarios describieron esta modalidad como un verdadero «apriete digital».

Los límites que fija la ley

Especialistas en derecho del consumidor advirtieron que este tipo de prácticas podría contradecir la normativa vigente en la Argentina.

El artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor establece la obligación de garantizar un trato digno a los consumidores y prohíbe los mecanismos de cobranza que coloquen al deudor o a terceros en situaciones intimidatorias, hostiles o humillantes.

A ese marco se suma la Ley de Protección de Datos Personales, que restringe el uso y la difusión de información privada sin el consentimiento de su titular. Desde esa perspectiva, los familiares, amigos o compañeros de trabajo no tienen responsabilidad legal por las obligaciones económicas de otra persona, por lo que no deberían formar parte de una gestión de cobro.

Mercado Pago también podría responder

Aunque las empresas suelen delegar la recuperación de créditos impagos en estudios jurídicos o agencias especializadas, los especialistas remarcaron que la responsabilidad no desaparece por esa tercerización.

Según explicaron, si los métodos utilizados resultan abusivos o ilegales, Mercado Pago podría afrontar responsabilidad por las acciones de las firmas que actúan en su nombre, ya que la gestión de cobranza forma parte del servicio ofrecido a sus clientes.

Los expertos también alertaron sobre otra práctica cuestionada: el acceso irregular a bases de datos para identificar el entorno personal del deudor y utilizar esa información como herramienta de presión. De comprobarse ese procedimiento, la legislación argentina prevé sanciones por el uso indebido de datos personales y por la vulneración de los derechos de los consumidores.