Entre otros requisitos, el Gobierno le pide a las empresas promotoras que contraten un seguro por el 0,5% del valor de la obras a modo de garantía para que éstas se presenten al llamado a licitación pública. Si no lo hacen, se ejecuta la póliza.

Las similitudes con el PPP de Macri

El esquema es similar al Programa de Participación Público Privada (PPP) que trató de impulsar el gobierno de Mauricio Macri, que no funcionó, entre otras cuestiones, por la propia inestabilidad económica de la Argentina. Ese esquema tenía similitudes con iniciativas que hubo en Chile y en el Reino Unido.

Fuentes empresarias expresaron a Ámbito sus dudas respecto de la idea del Gobierno, porque consideran que solo algunas obras de infraestructura pueden ser rentables para una empresa privada. Se trata de aquellas que se encuentran cerca de los grandes centros urbanos.

Sería el caso de una ruta o autopista de alto tránsito, obra que la empresa constructora luego puede administrar cobrando peaje. No es el caso de una ruta alejada en una provincia de bajo nivel de uso.

Lo que ha trascendido en las últimas semanas, según indican fuentes del sector privado, es que Vialidad Nacional trataría de iniciar unas 120 obras en todo el país. “Cada una de ellas es de un valor de $2.000 millones, por lo que se necesitarían al menos unos $240.000 millones”, explicó un empresario.

Es muy complicado para una empresa argentina avanzar en el financiamiento propio de ese tipo. Se podría decir que resultaría imposible.

Son los mismos problemas que tuvieron en 2018 cuando la inflación del gobierno de Macri se desmadró y entonces, aquellos consorcios que habían ganado licitaciones, no pudieron afrontar los costos del incremento de la tasa de interés y las pólizas de seguro. Actualmente, una sobretasa de al menos 15 puntos que marca el riesgo país de Argentina, implica que el financiamiento está cerrado.