La pelea de fondo es contra el vial costero, pero el foco de conflicto estuvo esta vez en el feroz desalojo del bosquecito, último foco de resistencia a la obra fogoneada por Enrique García y financiada por Nación. La convocatoria de la Asamblea de Vecinos de Vicente López fue para el jueves a la tarde, frente a la Municipalidad, y reunió a gran cantidad de gente, mayormente jóvenes que se expresaron mediante batucada, carteles y pintorescas banderas.

La marcha tuvo tres paradas, además de la Comuna, la quinta de Olivos y Avenida San Martín y el Río. Durante el recorrido, que finalizó de noche, varios automovilistas evidenciaron su adhesión con bocinazos. Entre los manifestantes estuvieron el abogado de Unidos por el Río, Miguel Quintabani, los concejales Gustavo De Benedetti – uno de los demorados el día anterior -, Paola Caputo, Carlos Roberto y Walter Rojas; y la consejera escolar Julieta Paris.

También acompañaron Vilma Ripoll, referente de MST, y el diputado nacional del Gen y precandidato local, Horacio Alcuaz. Cabe destacar que en la Cámara baja fue presentada en las últimas horas una Cuestión de Privilegio en repudio al accionar de la Policía y de la Intendencia.

QUINTABANI: “PARA MÍ EL DESALOJO FUE TOTALMENTE ILEGAL”

Entre los demorados en el desalojo de Avenida San Martín y el Río estuvo Miguel Quintabani. Su relato de los hechos: “A las 6 de la mañana rodearon por sorpresa el bosquecito, los chicos que estaban, de acuerdo a las consignas establecidas por la asamblea, se subieron a los árboles más altos”, y continuó, “cuando llegué presenté mi credencial de abogado ante el cerco policial y no me dejaron pasar”.

De todos modos, el letrado avanzó. “Me levantaron en vilo y me metieron en un patrullero, no reconocen que sea una detención o una aprensión, me hicieron la acusación formal de resistencia a la autoridad”. Asimismo mencionó que “estamos estudiando a ver qué hacemos, porque todavía tengo que obtener copia de la orden dictada por el juez de Faltas”.

El juez de Faltas en cuestión es Horacio Salvador y al igual que el procedimiento está seriamente cuestionado. “En la orden no menciona la palabra desalojo, pero en la práctica es como si estuviera dictándola. Dice que hay que intimar a que se vayan, caso contrario remover los elementos que se encuentren en el lugar, que eran las carpas”.

Según Quintabani, en el municipio esperaban que magistrados del Poder Judicial dictaran esa orden de desalojo, “para que fuera más legítimo”, y añadió, “para mí fue totalmente ilegal, fue lo mismo que pasó con Campo 3”.

Ratificó su postura: “Sostenemos que la obra forma parte de un negocio, los funcionarios de Vicente López en los hechos se comportan como gerentes de la ejecución de negocios planificados por particulares. Tenemos la obra del shopping, los edificios de Irsa y el vial que es una conexión entre ellos”.

Sobre la culminación irreversible del primer tramo comentó que “la lucha ahora se transforma en conseguir que ese pavimento no sea usado como avenida, lo que pretendemos es que se aun paseo y que los únicos vehículos que puedan transitar no tengan motor. También tenemos la íntima esperanza que haya un cambio de gobierno y que revise esas disposiciones”.