La discusión por el endeudamiento de las familias quedó atravesada desde el primer minuto por una disputa sobre los tiempos del Congreso. Mientras La Libertad Avanza (LLA) busca ordenar el tratamiento de los proyectos bajo un cronograma propio, la oposición cuestiona que la estrategia oficialista tenga como objetivo estirar los plazos y evitar que el tema llegue al recinto. En paralelo, los bloques opositores mantienen su apuesta por la sesión especial del 9 de septiembre para forzar el tratamiento de las iniciativas.

La comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados abrió así el debate sobre los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad. El oficialismo fijó un calendario de reuniones que la oposición dura calificó como una maniobra dilatoria y ratificó que intentará reunir quórum la semana próxima para emplazar a las comisiones involucradas.

Durante la reunión informativa, el presidente de la comisión de Finanzas, el diputado de LLA Santiago Pauli, detalló el cronograma previsto: dos reuniones informativas para el 8 y el 16 de septiembre, una reunión de debate el 23 y otra el 30, fecha establecida como límite para emitir dictamen. Además, señaló que la comisión trabajará para “la unificación de giros”, dado que los proyectos se encuentran “distribuidos en nueve comisiones permanentes”.

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado pidió ampliar la lista de expositores convocados para abordar las iniciativas sobre endeudamiento y morosidad familiar. Propuso sumar a “los sindicatos, las financieras”, además de “a las mutuales, las cooperativas y a todo el espéctro político que tiene que ver con financiamiento”.

Horas después, el bloque libertario difundió un comunicado en el que ratificó el calendario anunciado por Pauli y vinculó el tratamiento de los proyectos con la defensa del programa económico de Javier Milei. “Ratificamos nuestro compromiso ineludible con el rumbo económico del presidente Javier Milei: bajo ninguna circunstancia permitiremos el avance de proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal o intervengan en los contratos de privados”, sostuvo el texto.

La oposición respondió de inmediato. La diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau calificó el cronograma como “una maniobra para ganar tiempo y evitar que esta Cámara legisle” y ratificó que su bloque asistirá a la sesión especial convocada por la oposición.

“El 9 de septiembre a las 12 nosotros ratificamos la convocatoria a la sesión especial para tratar los más de 40 proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad”, afirmó la diputada massista. Moreau también acusó al oficialismo de adoptar “los peores vicios de lo que denominan casta política”.

Unión por la Patria reforzó esa postura con un comunicado propio en el que confirmó su intención de concurrir al recinto la semana próxima. “Convocar sólo a Finanzas y no a un plenario de todas las comisiones comprometidas, significa aplazar la instancia de dictamen y, consecuentemente, la respuesta que la política debe dar frente al drama que viven millones de familias”, argumentaron desde el bloque peronista.

Desde Provincias Unidas, el diputado Pablo Juliano puso el foco en otro aspecto del trámite parlamentario: cuestionó que los proyectos no hayan sido girados a la comisión de Usuarios y Consumidores, pese a que varias iniciativas habían solicitado ese tratamiento.

“Lo que vamos a hacer la semana que viene es darnos un cronograma para que exista un dictamen y que haya una sesión, no para que haya una distracción o tomada de pelo”, sostuvo el radical bonaerense.

En la oposición dura anticipan que el 9 de septiembre buscarán emplazar los proyectos y avanzar con la unificación de los giros a las comisiones. El objetivo posterior será reducir las más de 40 iniciativas a “uno o dos proyectos”, debido a que existen diferencias entre las propuestas aunque todas abordan la problemática del endeudamiento familiar.

Si consiguen avanzar con ese emplazamiento, la hoja de ruta opositora contempla dictaminar el 23 de septiembre y convocar a una sesión para el 30. De esta manera, el calendario oficialista y el de la oposición quedan enfrentados en torno a las mismas fechas, pero con objetivos políticos diferentes.

Los expositores

La primera reunión de Finanzas tuvo carácter informativo y contó con la participación de distintos especialistas y exfuncionarios. Expusieron el exdiputado Martín Tetaz; el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali; los exdirectores del Banco Central Mariano Flores Vidal y Pablo Curat; el exdirector de la ANSES Osvaldo Giordano; el director Académico de la Certificación Avanzada en Fintech del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Matías Huala; y los economistas Víctor Hugo Ruilova Quezada (FMyA) y Jorge Colina (Idesa).

Flores Vidal y Curat integraron el Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente de la entidad, bajo la presidencia de Mauricio Macri. Tanto ellos como Colina fueron propuestos por LLA.

Giordano, que había estado al frente de la ANSES durante el comienzo de la gestión de Milei, llegó al organismo desde el peronismo cordobés y fue propuesto por el bloque Provincias Unidas. El radicalismo impulsó a Tetaz, mientras que Ruilova Quezada fue propuesto por el PRO.

La selección de los especialistas también generó cuestionamientos. La diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos reclamó la presencia de funcionarios vinculados directamente con las decisiones monetarias y crediticias.

“Si ustedes lo quisieran hacer, no hubieran solo venido lobbistas amparados en su condición de académicos. Hubiera venido algún funcionario con responsabilidad en la gestión monetaria y crediticia a arremangarse y discutir que se puede o no”, cuestionó.

Durante su exposición, Tetaz planteó que aumentó el porcentaje de hogares que recurre a bancos, financieras o fintech para llegar a fin de mes. A partir de ese diagnóstico, propuso “desmitificar” el endeudamiento porque “es una gran noticia”.

“¿Por qué es una gran noticia? Porque vuelve a haber acceso al crédito. El nivel de crédito en el resto de los países de América Latina, en promedio, es de 40 puntos del PBI. En Argentina era 4 puntos del PBI, y se duplicó y ahora llegó a ser 9 puntos del PBI”, explicó el exdiputado radical.

Huala, en tanto, rechazó las críticas al financiamiento ofrecido por las fintech y negó que se trate de un crédito “abusivo clandestino con costos ocultos”. Según sostuvo, “el crédito otorgado por proveedores formales opera estrictamente dentro de un marco regulatorio vigente y bajo rigurosas obligaciones de información y transparencia”.