Mientras el presidente Javier Milei impulsó reformas durante las sesiones extraordinarias, la Casa Rosada trazó la hoja de ruta legislativa para 2026. En ese esquema, el Poder Ejecutivo incluyó cambios en la Ley Nacional de Salud Mental. La iniciativa apuntó a modificar artículos clave y a responder reclamos de familiares de pacientes, profesionales del sistema y fuerzas de seguridad.

Según fuentes oficiales, el Gobierno resolvió enviar un proyecto durante el período de sesiones ordinarias, que comenzó el 1° de marzo. El foco central estuvo puesto en el régimen de internaciones involuntarias. La propuesta buscó habilitar la intervención de jueces para autorizar hospitalizaciones en casos específicos, ante situaciones de riesgo.

La Ley N° 26.657, sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, mantuvo desde su origen un fuerte cuestionamiento por su aplicación. El espíritu de antimanicomialización defendió los derechos de los pacientes, pero expuso límites operativos. La falta de dispositivos adecuados condicionó su implementación en la práctica.

Desde el Ejecutivo, el Ministerio de Salud que condujo Mario Lugones encabezó el diseño de los cambios. La estrategia incluyó la creación de centros especializados y un esquema más flexible para la internación de pacientes con cuadros complejos. No fue el primer intento de la administración libertaria. Esos puntos ya formaron parte del borrador original de la Ley Bases, pero quedaron fuera del texto final.

“Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, señalaron fuentes oficiales. El proyecto contempló modificaciones en varios artículos. Planteó la posibilidad de que jueces adoptaran medidas de atención urgente. Definió cuatro situaciones puntuales para la internación como recurso terapéutico excepcional. También habilitó la creación de neuropsiquiátricos y revisó el esquema de egresos y rehabilitación.

La Casa Rosada evaluó anunciar la iniciativa durante la Apertura de Sesiones en el Congreso. Los equipos técnicos avanzaron con la redacción y retomaron varios puntos que el oficialismo impulsó en la denominada Ley Ómnibus. Las propuestas generaron resistencia entre organizaciones del sector, que las interpretaron como un retroceso en la desmanicomialización.

El Gobierno defendió la necesidad de los cambios con casos de alto impacto. Entre ellos, recordó el asesinato del efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán. El hecho ocurrió en las inmediaciones del MALBA. El agresor, Rodrigo Facundo Roza, recibió seguimiento psiquiátrico. El profesional a cargo enfrentó un juicio por abandono de persona y homicidio culposo, pero resultó absuelto.

Otro eje que fortaleció la decisión oficial fue el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier. La activista expuso en el Congreso las falencias del sistema actual. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, afirmó.

Charpentier también cuestionó el financiamiento estatal. A comienzos de año, definió al presupuesto prorrogado para el área como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, sostuvo. Para el oficialismo, ese diagnóstico reforzó la urgencia de modificar la ley y de redefinir el rol del Estado en la atención de la salud mental.