Mientras el Gobierno defiende el superávit fiscal como eje de su plan económico, la nueva poda presupuestaria impacta sobre salud, educación, obra pública, subsidios y transferencias a provincias. El recorte ya genera preocupación por sus efectos en la actividad y los servicios esenciales.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo recorte sobre el Presupuesto 2026 que supera los $2,4 billones y que, según distintas estimaciones, ronda los $3 billones si se contabilizan todas las partidas afectadas. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y apunta a sostener el equilibrio fiscal en medio de una fuerte caída de la recaudación.
La decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial profundiza la política de ajuste del gasto público impulsada por la Casa Rosada desde el inicio de la gestión libertaria. Entre las áreas más afectadas aparecen subsidios económicos, obra pública, salud, educación, programas sociales, ciencia, transferencias a provincias y hasta partidas vinculadas a Defensa.
Según el detalle difundido, el mayor recorte impacta sobre las obligaciones a cargo del Tesoro y empresas públicas, con una poda cercana a $1,5 billones. También hubo fuertes reducciones en subsidios energéticos, programas de infraestructura y fondos destinados a rutas nacionales y saneamiento.
En el área de Salud, el ajuste alcanzó programas de acceso a medicamentos, fortalecimiento sanitario provincial y tratamientos oncológicos. Educación también sufrió recortes en infraestructura escolar, compensación salarial docente y alfabetización.
El impacto también llegó a las provincias. Las transferencias nacionales se redujeron en más de $320.000 millones, mientras que organismos científicos y tecnológicos como el CONICET y la CONAE registraron nuevas bajas presupuestarias.
Incluso las Fuerzas Armadas quedaron alcanzadas por el ajuste. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones destinados al alistamiento operativo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, afectando equipamiento, mantenimiento y servicios básicos.
Economistas consultados por distintos medios advirtieron que el nuevo recorte podría profundizar la caída de la actividad económica y generar un efecto inverso sobre la recaudación fiscal. El Gobierno, sin embargo, sostiene que el objetivo central es preservar el superávit comprometido ante el FMI y mantener el ancla fiscal como eje de su programa económico.
