El gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a una herramienta financiera para asistir a distritos provinciales y la ayuda quedó concentrada en administraciones encabezadas por gobernadores cercanos a la Casa Rosada. A través de un decreto publicado este jueves, el Poder Ejecutivo habilitó nuevos adelantos de coparticipación para Santa Fe, Jujuy y Entre Ríos por montos que alcanzan los $400.000 millones en cada caso.

La medida benefició a los gobernadores Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Rogelio Frigerio, tres mandatarios que mantuvieron una relación de negociación con la administración libertaria desde el inicio de la gestión.

La decisión reavivó los cuestionamientos por el reparto de recursos nacionales, ya que el auxilio financiero quedó destinado exclusivamente a provincias gobernadas por aliados políticos del oficialismo.

En el caso de Entre Ríos, la asistencia representó una ampliación de un esquema ya vigente. La provincia de Frigerio había recibido meses atrás un adelanto de hasta $220.000 millones. Ahora el Gobierno elevó ese límite hasta los $400.000 millones.

Desde la administración entrerriana precisaron que el desembolso adicional rondará los $150.000 millones. De esta forma, la provincia alcanzará un total cercano a los $370.000 millones en adelantos financieros durante 2026.

La misma herramienta quedó disponible para Santa Fe y Jujuy. El decreto autorizó anticipos de hasta $400.000 millones para cada una de esas jurisdicciones. Según argumentó la Casa Rosada, las tres provincias enfrentaron problemas transitorios de liquidez que afectaron compromisos presupuestarios y obligaciones vinculadas a sus deudas.

Mientras el Gobierno sostuvo un fuerte ajuste sobre las transferencias a las provincias, habilitó asistencia extraordinaria para gobernadores que conservaron canales de diálogo con la gestión libertaria.

Los fondos no constituyen aportes no reintegrables. El mecanismo funciona como un préstamo de corto plazo. El Tesoro Nacional adelanta recursos y luego recupera el dinero mediante descuentos automáticos sobre la coparticipación futura.

La devolución deberá concretarse dentro del ejercicio fiscal 2026. Además, las provincias afrontarán una tasa nominal anual del 15% sobre los montos recibidos.

Para acceder a la asistencia, las administraciones provinciales deberán autorizar a la Secretaría de Hacienda a retener de manera automática los fondos coparticipables necesarios para cancelar el capital y los intereses correspondientes.

El Ministerio de Economía quedó facultado para definir los montos definitivos de cada desembolso. También establecerá las condiciones particulares de devolución y los acuerdos administrativos con cada jurisdicción.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno recordó un decreto previo que contempló anticipos financieros para las provincias que realizaran el pedido formal. Según sostuvo la Casa Rosada, el objetivo de la nueva decisión consistió en “ajustar en equidad a todas las jurisdicciones”, mediante la ampliación del beneficio para Entre Ríos y la incorporación de Santa Fe y Jujuy.

Sin embargo, la resolución volvió a poner el foco sobre la distribución de los recursos nacionales y sobre la relación privilegiada que mantienen algunos gobernadores con la administración de Milei en un contexto de fuerte tensión fiscal entre Nación y las provincias.