La Asociación del Fútbol Argentino sumó un respaldo judicial clave en la controversia generada por el traslado de su sede institucional a Pilar. La Cámara Nacional en lo Civil resolvió a favor de la entidad y dejó sin efecto las medidas de control que habían sido impulsadas desde la Inspección General de Justicia (IGJ).

La resolución judicial ratifica la validez del cambio de domicilio aprobado por la AFA y establece que la supervisión de la institución corresponde actualmente a las autoridades bonaerenses, luego de que la entidad completara su inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

El fallo, firmado por los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset, consideró que la IGJ perdió competencia sobre la organización una vez concretado el traslado de jurisdicción. En consecuencia, también anuló la Resolución Particular 140/26 y dejó sin efecto la designación de veedores que habían sido nombrados para monitorear la actividad de la entidad durante un período de 180 días hábiles.

La discusión judicial tuvo su origen en una decisión adoptada por la Asamblea General de la AFA en octubre de 2024. En aquella reunión, los dirigentes aprobaron una modificación estatutaria que permitió mudar la sede social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia Pilar.

Tras la aprobación y posterior inscripción del nuevo domicilio en territorio bonaerense, se abrió una disputa sobre cuál organismo debía ejercer el control administrativo y legal sobre la institución presidida por Claudio Tapia.

Para la Cámara, las decisiones tomadas por la autoridad provincial mantienen plena validez y no pueden ser revisadas por la IGJ, ya que se trata de organismos con competencias diferentes. Los jueces señalaron además que el traslado no implica la ausencia de controles, sino que estos continúan bajo la órbita del ente provincial correspondiente.

De esta manera, la resolución judicial consolida la radicación de la AFA en Pilar y despeja, al menos por ahora, los cuestionamientos que se habían planteado desde el ámbito nacional respecto de la legalidad del cambio de sede.