Los countries y barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires que mantengan pendiente la regularización de sus permisos vinculados al uso del agua quedaron alcanzados por una nueva disposición de la Autoridad del Agua (ADA). La resolución ya entró en vigencia y establece mecanismos para incorporar de oficio a esos emprendimientos dentro del sistema de control y cobro provincial.

La decisión apunta exclusivamente a los desarrollos inmobiliarios privados que no adecuaron su situación a las exigencias de la Ley 12.257, norma que regula la gestión de los recursos hídricos en territorio bonaerense. A partir de ahora, esos usuarios pasarán a integrar el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico aun cuando no hayan completado los trámites correspondientes.

La inscripción de oficio implicará el ingreso automático al régimen de cobro del canon por utilización del agua y de la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes (TIFyCCE).

La normativa también fijó un criterio específico para determinar los montos a pagar en aquellos casos donde no exista información administrativa suficiente sobre el volumen diario de agua utilizado o sobre la cantidad de efluentes generados por cada emprendimiento.

Para calcular esos valores, la ADA tomará distintos indicadores vinculados a las características de cada urbanización. Entre ellos figuran la cantidad de unidades funcionales, la superficie edificada, el número estimado de habitantes, la presencia de piletas, las áreas verdes y las actividades no residenciales que funcionen dentro del predio.

El objetivo oficial consiste en incorporar al sistema de control a los emprendimientos que aún operan sin regularizar su situación hídrica y establecer parámetros uniformes para el pago de los cargos correspondientes.

Desde el organismo explicaron que la iniciativa busca “armonizar el desarrollo urbano con la sostenibilidad de los recursos hídricos y el ordenamiento territorial, garantizando que quienes usan aguas públicas cumplan con las obligaciones técnicas y administrativas correspondientes”. Además, señalaron que procura “asegurar una gestión justa y sostenible del agua vinculando el uso estimado de cada emprendimiento con el pago del canon”.