El Gobierno nacional abrió un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN-200 del Mar Argentino, un bloque ubicado en aguas profundas frente a la provincia de Buenos Aires. La medida se oficializó a través del Decreto 590/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y respondió al interés manifestado por la empresa británica Challenger Energy Group PLC para desarrollar tareas en esa zona.

La normativa ordenó a la Secretaría de Energía elaborar los pliegos de la licitación y avanzar con el procedimiento que permitirá seleccionar a la empresa adjudicataria. El proceso también contempla la posibilidad de conceder, en una etapa posterior, la explotación del yacimiento si los resultados de la exploración resultan favorables.

La decisión volvió a colocar en el centro del debate la estrategia argentina sobre el Atlántico Sur y la explotación de sus recursos naturales, en un escenario atravesado por el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Una empresa del Reino Unido inició el trámite

El origen del proceso licitatorio se encuentra en una presentación realizada el 14 de febrero de 2025 por Challenger Energy Group PLC, una compañía que cotiza en la Bolsa de Londres y desarrolla proyectos vinculados al petróleo y al gas en Trinidad y Tobago, Surinam, Bahamas y Uruguay.

El bloque CAN-200 se ubica a unos 350 kilómetros de la costa bonaerense, cerca del límite marítimo con Uruguay, y abarca una superficie aproximada de 5.000 kilómetros cuadrados.

Según el decreto, el permiso de exploración tendrá una duración inicial de ocho años, divididos en dos etapas de cuatro años cada una. Además, podrá extenderse por un período adicional de cinco años. En total, el proyecto podrá alcanzar una vigencia de trece años. La norma también fijó un programa mínimo de inversiones equivalente a 120 Unidades de Trabajo.

La publicación del decreto coincidió con un momento de especial sensibilidad por el avance de empresas británicas e israelíes sobre proyectos petroleros en la cuenca ubicada al norte de las Islas Malvinas. Diversos especialistas sostienen que esos desarrollos poseen un fuerte valor estratégico dentro de la disputa por la soberanía del Atlántico Sur.

El decreto preservó inmunidades soberanas

El texto oficial aclaró que la prórroga de jurisdicción prevista para el contrato no afectará la inmunidad soberana de bienes considerados estratégicos para el Estado argentino.

Entre ellos mencionó las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, los activos destinados a servicios públicos esenciales, el patrimonio de las misiones diplomáticas, los recursos militares, los impuestos y regalías, así como los bienes que integran el patrimonio cultural de la Nación y aquellos protegidos por la legislación sobre inmunidad soberana.

Críticas desde la provincia de Buenos Aires

La medida también generó rechazo entre dirigentes opositores. Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el intendente de Castelli, Francisco Echarren, quien apuntó contra el momento elegido por el Gobierno para publicar la decisión.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal sostuvo: «Mientras la Selección le ganaba a los ingleses, Milei le entregaba nuestro mar a Inglaterra».

Luego agregó que el decreto «le entrega 5.000 kilómetros cuadrados de mar argentino a una empresa inglesa para que saque petróleo y gas de nuestra plataforma submarina». También acusó al Ejecutivo de aprovechar «la distracción del partido» para avanzar con la medida.

Finalmente, Echarren cerró su mensaje con una fuerte crítica al Presidente: «Además de Malvinas, ahora se quedan con nuestro mar. No puede ser más traidor este payaso que nos gobierna».