Para el cuestionado general de inteligencia el ascenso es un reconocimiento a pesar de que, de todos modos, iba a seguir al mando del Ejército tal como fuera designado el 3 de julio pasado.

Milani reúne las características que seducen a la presidente para la conducción del Ejército: tiene experiencia en el manejo de información de inteligencia y está comprometido con el proyecto nacional y popular. Siendo que no sólo se le cuestiona su pasado durante la última dictadura militar sino también un formidable crecimiento de su patrimonio, tengo la sensación de que ese apoyo tiene poco de genuina compatibilidad de pensamientos.

Con sendas acusaciones en La Rioja, donde Ramón Alfredo Olivera, detenido en un centro clandestino de esa provincia en 1977, sostiene que fue Milani quien lo llevó a declarar ante el juez, de estar también relacionado con la desaparición del soldado Alberto Ledo (quien fuera su asistente), declarado desertor por parte del Ejército cuando en realidad es uno más de los tantos desaparecidos de aquel trágico período, y de la reciente denuncia aportada por el CELS acerca de que Milani fue uno de los responsables de la privación ilegítima de la libertad del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller; y en Tucumán, donde fue acusado como miembro partícipe en la represión del Operativo Independencia en 1975, claramente el elegido por Cristina Kirchner cuenta con una foja de servicios muy complicada.

En relación a los hechos acaecidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional, la exculpación formulada por Milani, argumentando que se enteró de los desaparecidos una vez vuelta la democracia es, en palabras de Verbitzky, “negacionista” y, a todas luces para cualquier observador, sumamente ridícula. El rango militar que detentaba durante aquel período, como mínimo, le permitía saber o sospechar algunas de las conductas en las cuales estaba incurriendo el gobierno de facto.

Las vicisitudes de este nombramiento nos recuerdan los cuestionamientos que recibió el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “El Fino” Palacios, quien estuvo preso y actualmente sigue procesado por haber ordenado escuchas ilegales contra familiares de víctimas de la AMIA, de algunos políticos, e incluso de un cuñado del propio jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. También se le imputó un encubrimiento en la investigación del atentado a la mutual judía. Si bien aquel affaire fue perjudicial para la imagen del jefe de gobierno, los fusibles fueron saltando uno a uno hasta nivelar la presión que el llamado Cirogate (en alusión al espía Ciro James, quien trabajaba en el Ministerio de Educación que comandaba en aquel momento Mariano Narodowski y que tenía estrecho vínculo con Palacios) ejercía sobre la política local.

Sin embargo, y a diferencia del jefe de gobierno, el kirchnerismo tiene quien lo defienda en materia de derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos es el de la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien sostuvo: “hemos llegado a la decisión de respetar y confiar en la decisiones de la Presidenta”. Algo así como que no tienen argumentos para respaldar a Milani pero que el apoyo a la presidente es incondicional. Otro increíble respaldo recibió por parte Hebe de Bonafini, quien además de haber colaborado con el “blanqueo” del ahora teniente general a través de una de sus publicaciones, sostiene que Milani lidera “el nuevo ejército”. En definitiva, y siendo sumamente bien pensados, los organismos de DDHH afines al gobierno están dispuestos a tragarse cualquier sapo con tal de conservar la buena sintonía que tienen con el Ejecutivo nacional.

Aunque lo más grave que se sospecha de César Milani es lo que realizó durante la dictadura militar, seguramente lo más alarmante es lo que pueda llegar a hacer en el contexto actual. Hay numerosos indicios de espionaje realizados bajo su mando sobre políticos “incómodos” para el kirchnerismo, como por ejemplo Daniel Scioli. Esto se suma al escándalo del Proyecto X que Gendarmería reconoció tener y utilizaba para espiar a militantes sociales y sindicales, y que resulta difícil creer que no estuviera en conocimiento de la entonces ministra Nilda Garré, quien a su vez siempre mantuvo una muy buena relación con César Milani.

Una de las consecuencias de esta designación y ascenso a la cual también debe prestársele atención es la reacción que pueda haber al interior del Ejército. El ahora ascendido jefe es acusado en voz baja de proporcionar información sensible para el pase a retiro de muchos colegas de armas. Se desconfía también de su identificación con el proyecto nacional y popular y de su vigoroso crecimiento patrimonial en tiempos de vacas flacas para los miembros de la fuerza.

Experta en haber montado y canalizado por medios estatales y privados afines un aparato de propaganda oficial con recursos del Estado, las preguntas que debemos hacernos son: ¿por qué la presidente está dispuesta a poner en juego tamaño capital político para entronizar a César Milani?; ¿puede esta designación modificar lo que para muchos es un importante legado en cuanto a política de derechos humanos?; ¿tan necesario para los objetivos presidenciales es este oficial de inteligencia? Hay al menos dos respuestas posibles a estas dudas: una podría ser que, como quedó demostrado en su forma de gobernar, la presidente no tenga entre sus valores políticos aceptar un cuestionamiento y actuar en consecuencia; y la otra, mucho más inquietante, es que Milani hace un aporte tan importante a los fines del kirchnerismo que les sea imposible prescindir de él.