El secretario de Legal y Técnica de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, confirmó que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal ordenó redactar una norma para corregir un decreto que sancionaba con prisión a periodistas que difundieran información sobre la situación patrimonial de los funcionarios provinciales.

"La gobernadora me pidió que lo aclaremos y lo vamos a hacer. Será un decreto que eliminará las citas que tenía el anterior decreto sobre las declaraciones juradas", afirmó el funcionario. "Está claro que hay una sensibilidad especial sobre esto", admitió, y agregó: "La gobernadora me pidió que elimine todo tipo de dudas con un nuevo decreto".

Menos de 24 horas después de publicar el decreto que sanciona con hasta 2 años de cárcel a los periodistas que publiquen las declaraciones juradas integrales de los funcionarios bonaerenses, los directivos de empresas estatales y los jefes policiales, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció vía Twitter la revisión de esa norma. La mandataria firmó en marzo el Decreto 116/16, en el que estableció que sus funcionarios debían presentar dos declaraciones juradas: una resumida y otra integral. La norma dispuso que la primera es pública y que el anexo con los detalles patrimoniales de la segunda es reservado, pero no estipuló nada sobre la declaración integral en sí misma.

Vidal emitió hoy un nuevo decreto, el 647/16, en el que decidió que la declaración jurada integral es "secreta" y que quien divulgue esa información será reprimido con las penas previstas en los artículos 157 y 157 bis del Código Penal, es decir, entre un mes y dos años de prisión.

Rápida de reflejos, poco después de que el contenido del nuevo decreto fuera reproducido en varios medios, Vidal informó en Twitter que podría revisar su decisión, aunque no dio mayores precisiones.

"En marzo de este año decidí que todos los funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentarán sus declaraciones juradas públicamente. Esto no pasaba antes. La decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo", advirtió.

"El acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes. Si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente será revisada", agregó.

En realidad, el acceso a esa información no es público, porque esas "leyes vigentes" que citó Vidal y que ella misma decretó justamente lo limitan.

Desde la Secretaría Legal y Técnica bonaerense aseguraron que el decreto en realidad no cambia el panorama. "Lo único que hizo el decreto es aclarar algo que normativamente ya se venía aplicando con independencia de que figure o no en el decreto. Es decir que lo que ahora explicitamos, que es la aplicación de los artículos 157 y 157 bis del Código Penal, ya estaba vigente, y que los datos privados, como las cuentas bancarias, están protegidos por el secreto fiscal", evaluaron.