La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, defendió hoy el proyecto de Ley de Reforma Judicial en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, y tras afirmar que «busca cambiar la imagen de la Justicia» ante la sociedad, enfatizó que para el Gobierno «se trata de una inversión y no de un gasto».

El proyecto enviado la semana pasada a la Cámara alta busca la reorganización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.

La audiencia llevó más de cuatro horas horas y tuvo algunos fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición cuando los integrantes de Juntos por el Cambio cuestionaron la oportunidad de enviar el proyecto en el contexto de la pandemia de coronavirus y quisieron saber cuál era el costo de aplicar los cambios en la administración de justicia.

«Con nuestro proyecto de ley creemos que debe cambiar la imagen de la justicia, la confianza en la justicia», afirmó Losardo al presentar la iniciativa por videoconferencia.

La funcionaria argumentó que el proyecto «busca una transformación integral de la Justicia Federal» y que «tiene un objetivo claro y concreto que es que los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente, cercano y que la respuesta a su conflicto social llegue en plazo razonable».

«Estamos creando un servicio de justicia que funcione», remarcó Losardo.

Por otro lado, la funcionaria también recordó que el proyecto de ley «fue un planteo» que hizo el presidente Alberto Fernández.

«Fue un compromiso en la campaña que obviamente vamos a cumplir. Este es un proyecto para hacer eficiente, eficaz e independiente a la Justicia. De eso se trata», explicó Losardo.

La ministra negó que el costo fiscal de la reforma «sea de cuatro mil o seis mil millones de pesos», tal como se publicó en algunos medios, y dijo que esas cifras «están alejadas de la realidad».

«Para nosotros la Justicia no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo. El costo está en la justicia ineficiente. ¿Dónde está el costo de la corrupción? ¿De los delitos transnacionales?», preguntó.

Sin embargo, la funcionaria evitó dar números puntuales y prometió enviar algunas precisiones «más adelante».

Agregó que «no hay ninguna oportunidad política» en enviar la reforma judicial y que, en cambio, se trata de «una oportunidad para fortalecer la democracia» y para «salir de la situación donde se opera en los poderes mediáticos y fácticos».

Previamente, los senadores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y de la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, preguntaron cuál era el costo fiscal de la medida.

Al respecto, Lousteau reclamó que el proyecto de ley fuera también enviado a la comisión de Presupuesto y Hacienda, y reconoció que «obviamente es necesaria una reforma de la Justicia».

«Como está ahora, no es imparcial ni eficiente. Pero acá hay un problema que no es el diseño, sino de personas: con malas personas, va a funcionar igual de mal», resaltó el senador porteño.

Lousteau coincidió con la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti quien se preguntó si «alguien conoce a un ciudadano que no quiera una mejora en el servicio de justicia».

«Los argentinos están pidiendo a gritos esta reforma», aseguró la senadora mendocina.

En cambio, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el formoseño Luis Naidenoff, manifestó que «este proyecto no es un hecho aislado» y consideró que el Gobierno de Fernández «está buscando la impunidad para el pasado reciente».

Opinó que «las prioridades de la gente pasan por otro lado» y acusó a Losardo de no querer dar cifras porque «es multimillonaria y por eso no las mandan».

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, insistió con que «los argentinos necesitamos una justicia que sea imparcial y transparente».

«Pretendemos que en la Argentina impere el estado de derecho, la Constitución y las leyes. En busca de la dignidad de las personas», destacó el legislador formoseño.