De la reunión participaron Facundo González, de la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, el diputado nacional Leonardo Grosso, el concejal Juan Manuel Cáceres y la precandidata a concejal, Verónica Jalil, quienes acompañaron a los dos trabajadores en su denuncia contra el municipio.

Mouratian sostuvo que “lo llamativo sobre este caso es que se dé en esta etapa de inclusión y de ampliación de derechos en nuestro país, en justamente las personas más vulneradas de la sociedad, que son a las que más se debe proteger. El despido de dos personas con discapacidad, sin motivo alguno, es ir en contra de lo que la Argentina sancionó y adhirió, tanto a leyes internacionales como nacionales, y por lo tanto se supone que el municipio debería rever esa decisión”.

“Nos preocupa que haya una decisión política del intendente de despedir a dos jóvenes por el sólo hecho de pensar distinto, y mas aún cuando tienen dificultades motrices y eso agrava aun más el hecho”, expresó el diputado Grosso. “Además de este triste suceso, hemos recibido comentarios de trabajadores que marcaron su posicionamiento político luego de que el intendente haya decidido dejar el Frente para la Victoria, que denuncian maltrato y hasta ´aprietes´ por parte de funcionarios municipales”, finalizó Grosso.

En contraposición a la voz extraoficial,  los denunciantes señalaron que el Director de Recursos Humanos del municipio, Daniel Rey, alegó por un lado que ambos jóvenes fueron cesanteados por razones políticas, mientras que por otra parte indicó que en los legajos de estos trabajadores no figuraba que eran discapacitados. Sin embargo los denunciantes alegaron que fueron a hacerse el examen médico preocupacional, por lo tanto ahí debió haberse reparado en su discapacidad.