Por Franco Pistone

Esta semana se informó que la inflación de marzo fue del 4,7% y que acumuló en el primer trimestre un 11,8%. Luego de conocerse la cifra, el Gobierno lanzó un paquete de medidas económicas que, en oposición al modelo que hasta ahora fomentaron, busca contener los precios e impulsar el consumo.

Los últimos coletazos de la marcada devaluación y corrida cambiaria del año pasado junto a una configuración estructural caracterizada por la connivencia entre supermercados y el oligopolio de la industria de los alimentos afectaron tanto a las segundas marcas y al productor, como al bolsillo del consumidor final.

Si se toma en cuenta la inflación general de los últimos 12 meses –contando marzo– las cifras muestran que el incremento de precios fue de un 54,7%. Educación, vestimenta y alimentos son los rubros que encabezan estos aumentos. Sin embargo, el dato distintivo se encuentra al hacer un análisis diferencial del índice.

En marzo, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 6%, es decir un 1,3% más que el alza del nivel general. Productos como el pollo, la leche, la manteca, el tomate se vienen posicionando hace meses por encima del promedio de los aumentos. Esto lleva a que se produzca un fenómeno sumamente regresivo en el cual, si bien la inflación afecta a toda la población que vio en sus ingresos una merma considerable, en el caso de los sectores más pobres es aún mucho más nociva.

Frente al 54,7% general, el incremento de precios de los alimentos –sobre todo los de primera necesidad, incluidos en la canasta básica– en los últimos 12 meses fue de un 64%, casi 10 puntos porcentuales más. La brecha hace que quién direccione su consumo y priorice estos tipos de productos presente una condición de vulnerabilidad mayor.

La caída del consumo en marzo acompañó estas cifras y la tendencia que se viene dando hace meses: fue de un 8,7%. Así, a este fenómeno también se le suma lo que muchos consideran una ‘inflación de costos’. «Las empresas están subiendo los precios sin mirar al Banco Central», asegura Marina Dal Poggetto, economista de la consultora Eco Go, y agrega: “A pesar de que las ventas caen, las empresas priorizan subir los precios para no descapitalizarse, en un esquema perverso. Es decir, aplican las subas con la expectativa de que el salario suba más que la inflación. A su vez, como los salarios son parte de los costos, vuelven a subir los precios».

Además, la brecha entre lo que gana el productor y el valor de los productos en la venta al consumidor sigue ampliándose. En promedio, se pagó en las góndolas cinco veces más de lo que cobró el productor.

En esta relación de connivencia en donde los menos perjudicados son las grandes cadenas de supermercados y los monopolios de la industria alimentaria, se presentó un proyecto de Ley de Góndolas impulsado por Patria Grande. “Todos sabemos que detrás de la multiplicidad de marcas, colores y slogans, se esconden una o dos empresas en cada rubro que controlan el mercado y mantienen los precios altos. Y también, por supuesto, que los supermercados son cómplices de la inflación y sus principales beneficiarios –explicó Juan Grabois, fundador del frente y principal impulsor de la iniciativa–. Por eso queremos fijar en las góndolas un máximo de 30% de espacio por empresa, y un 5% reservado para las cooperativas”.

El Gobierno nacional no se hizo mucho eco del proyecto –que aún no se votó–, pero anunció un paquete de medidas dentro del cual se estableció un acuerdo con 16 empresas para que 60 productos de la canasta básica mantengan sus precios durante seis meses. Por otro lado, la oposición manifiesta cierta desconfianza en que la medida se cumpla teniendo en cuenta que hace meses se presenta un desabastecimiento de los productos que integran la lista de precios cuidados.