Una investigación judicial reveló prácticas abusivas de líderes piqueteros y representantes políticos que respondían al Gobierno nacional del expresidente, Alberto Fernández, que entregaban planes sociales y alimentos a los sectores más necesitados a través del Estado mientras los recibían y administraban desde cooperativas y organizaciones sociales.

Estos actos, previamente conocidos, fueron expuestos gracias a la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. Este escenario, que involucra a actores de diferentes partidos políticos, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los «dos lados del mostrador», es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables. Ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.

Los alimentos que debían retirar eran entregados por el entonces gobierno de Alberto Fernández a las organizaciones sociales para ser distribuidos a los comedores y merenderos. Los dirigentes, en cambio, los habrían utilizado como método de coacción para que los beneficiarios vulnerables engrosen las filas de los piqueteros de izquierda. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cortó ese tipo de intermediación y descubrió, a través de auditorías, que la mitad de los comedores y merenderos denunciados por los movimientos sociales “no existen”

Los imputados en el expediente son 27 y forman parte de dos movimientos piqueteros. Son, además, de los más activos a la hora de reclamarle a todos los gobiernos -sin importar el color político- por más planes y alimentos para comedores y sus propias estructuras. Se trata del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). El tercer espacio que aparece mencionado es Barrios de Pie, uno de los movimientos que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuyas principales organizaciones formaban parte del ex oficialismo. De hecho el coordinador nacional de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, ex funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora del gobernador  bonaerense, Axel Kicillof.

Jeremías Cantero, cercano a Eduardo Belliboni del Polo Obrero, ha sido destacado en la investigación , mientras que Belliboni no ha sido mencionado. Cantero fue candidato a diputado nacional y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social entre marzo de 2020 y abril de 2024, bajo la gestión de Emilio Pérsico. Se desempeñaba en la Secretaría de Economía Social, responsable del programa Potenciar Trabajo, donde muchas Unidades de Gestión pertenecían a movimientos como el Polo Obrero, el Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, entre otros.

Cantero, vinculado al Evita de Pérsico y también a la Asociación Civil Polo Obrero, tenía un papel crucial en la suscripción de convenios con las Unidades de Gestión que recibían grandes subsidios del Estado. Según el fiscal, Cantero estaba por encima de los referentes de los comedores sociales y participaba en decisiones coercitivas y extorsivas hacia las víctimas, junto con Elizabeth del Carmen Palma. Ambos también estaban involucrados en la distribución de fondos ilícitos obtenidos a través de estas extorsiones, aunque su destino final aún es desconocido.

Patricia Iramain, otras de las imputadas del Partido Obrero, anunciaba públicamente castigos a quienes no asistieran a movilizaciones, mientras otros eran recompensados con comida y planes sociales. Gustavo Vásquez, también del partido e imputado por la justicia, exigía justificaciones médicas para ausencias en marchas. Elizabeth Mamini coordinaba la distribución de porcentajes de planes sociales entre miembros del Polo Obrero. La causa revela prácticas cada vez más abusivas, como el cobro extra por retirar alimentos y la discriminación en la distribución según la participación en movilizaciones.

El fiscal también describe entre sus pruebas que los comedores Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra, administrados por Asociación Civil Polo Obrero “constituye el objeto procesal de este caso la conducta de un grupo de personas que, actuando de manera coordinada bajo distribución de roles y desde —al menos— mayo de 2021, tenía por finalidad la comisión de múltiples actividades ilícitas en perjuicio de los beneficiarios de asistencia social que concurrían a esos tendientes a apropiarse de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en ‘movilizaciones’. convocadas por la agrupación Polo Obrero. Con esos objetivos, los imputados hacían saber a los vecinos y potenciales asistentes de los comedores que, para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo, debían asistir a determinada cantidad de ‘marchas’ o ‘movilizaciones del “Polo Obrero, lo que aumentaba sus probabilidades de ingresar en una ‘lista de espera’ desde la cual, con posterioridad y según determinaran los imputados, podían pasar a ser inscriptos como beneficiarios de dicho plan —a lo que llamaban “ascenso”—”.

El escrito revela que “una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que hoy representa $78.000 por mes—, debía asistir a las ‘marchas’ y ‘movilizaciones’ que indicaban los referentes del comedor; en caso contrario, se le daría de baja del plan. A su vez, si se asistía a determinada cantidad de marchas — fijadas por los responsables del comedor— se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior mensualmente —entre $150.000 y $200.000, según cada caso— y que se los denominaba ‘esenciales’, ‘cuadrilla’ o ‘nexo’; y por encima de esa categoría se encontraban los ‘delegados’, que cobraban mayor dinero aún —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades. Asimismo, se les exigía a las víctimas que, en caso de no asistir a una movilización, debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación —como la existencia de turnos médicos—; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de ‘sanciones’”.

Las “sanciones”, iban desde no recibir mercadería del comedor por un determinado lapso, hasta “ser degradado de categoría o ser dado de baja del Plan Potenciar Trabajo”.

A los miembros de todas las categorías, en los tres comedores, los imputados -según describe la fiscalía- “les exigían, además de la asistencia a las marchas y movilizaciones, el pago de ‘cápitas’ mensuales equivalentes al 2% de la ayuda social percibida en cada caso; lo que se abonaba en efectivo siempre, los primeros días del mes; y, en caso de incumplimiento, se los incluía en la lista de morosos lo que, según la demora y el criterio de los acusados, podía derivar en la decisión de degradar de categoría al deudor hasta disponer, incluso, la baja del Plan Potenciar Trabajo, por lo que pasaba nuevamente a ‘lista de espera’”.

El fiscal Pollicita identificó a un grupo de personas implicadas en la coordinación y conducción de prácticas coercitivas en comedores sociales. Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, y otros estaban en la cúspide, mientras que varios delegados de comedores, incluyendo a María Isolda Dotti, alias «Tango», cumplían funciones específicas. Dotti, ex candidata por el Frente de Izquierda en 2017, fue señalada por amenazas y coerción. Durante un allanamiento a su domicilio, se encontraron grandes sumas de dinero en efectivo.