Desde que Javier Milei asumió la presidencia, cerraron en el país más de 25.000 empresas. El dato surge de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y fue el eje de la jornada que se realizó este miércoles en el Parque Yrigoyen, bajo la consigna «25.000 Pymes fundidas, digamos basta». Para dimensionarlo con números más concretos: son 930 empresas por mes, 31 por día, más de una por hora. Ininterrumpidamente, durante más de dos años.

El ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis fue el primero en poner el dato sobre la mesa, con una comparación que golpea fuerte: este proceso de destrucción de empresas es peor que el de la pandemia, cuando cerraron poco más de 14.000 firmas con cuarentena obligatoria y actividad paralizada. Y peor también que todo el gobierno de Mauricio Macri, que tampoco había sido precisamente bueno para la industria. Milei, en dos años, los superó a los dos.

«Estamos acá para frenar la destrucción del tejido productivo, de la universidad y de todo lo que necesitamos para pensar en una Argentina para todos», dijo Katopodis frente a los centenares que se había reunido entre empresarios, delegados, estudiantes de la UNSAM y técnicos del INTI. «Milei solo trabaja para los ricos y destruye a la industria nacional. No lo vamos a permitir.»

Pero el daño no se mide solo en empresas cerradas: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se destruyeron más de 205.000 puestos de trabajo privados registrados. Doscientos cincuenta y cuatro empleos menos por día. La provincia de Buenos Aires concentra el golpe más fuerte: más de 5.300 PyMEs cerradas y más de 73.000 empleos registrados perdidos. Le siguen Córdoba y Santa Fe. A eso se suma otro dato que circuló durante el acto y que grafica bien la asfixia del sector: hoy solo una de cada tres PyMEs accede al crédito. El sistema, tal como está configurado, directamente las excluye.

Consultado por La Noticia Web, Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, señaló que “lo que hoy hicimos es mostrar una preocupación grande que tenemos con la desaparición de 25.000 pymes. Cuando hablamos de tantas empresas menos, nos referimos a que cada pyme que cae, son trabajadores que pierden su empleo, salarios que se pierden, no es sólo un nombre y apellido. Cada trabajador representa una familia”. Además, el industrial aseguró que este acto es contra una “política deliberada de desindustrialización de la Argentina”. Señaló también Ciolli que es imposible competir contra la “fábrica del mundo” que es China, que subsidia sus exportaciones. Mientras tanto, puso énfasis en que Argentina encarece sus productos internos a partir de la suba de las tarifas, y la «locura de las importaciones”.

Frente a ese cuadro de situación, los presentes firmaron un documento conjunto que no es solo un reclamo sino un programa: exigen que se declare la emergencia Pyme en los 2.300 municipios del país, con líneas de financiamiento específicas para el sector, programas de regularización impositiva, revisión del esquema de costos fijos y una política comercial que diferencie la importación de bienes de capital —que la industria necesita para producir— de la avalancha de productos terminados que le compite directamente. «Queremos que se pare esa avalancha de importaciones y que el gobierno tome medidas en favor del trabajo argentino», sintetizó Katopodis, que viene construyendo sobre este eje hace meses y lo tiene como uno de los pilares de su perfil político de cara al ciclo electoral que se abre en 2027. También aseguró que «Hay que ponerle un freno a semejante destrucción, y no vamos a permitir que la policía de Milei y Bullrich generen más situaciones como las de hoy”.

Por su parte Fernando Moreira destacó el daño provocado por el “industricidio”, y explicó en declaraciones a los medios la preocupación por la caída del consumo, y por los niveles que son peores que los de la pandemia. “Es un círculo vicioso, los efectos de la caída de la industria son tremendos: cae la producción, cae el comercio, trabajadores desocupados y pymes en bancarrota” aseguró.

La jornada podría haber terminado con la firma del documento y las fotos de rigor en el puente sobre la General Paz, donde los dirigentes desplegaron una bandera con la consigna de las 25.000 Pymes. Pero cuando todo estaba culminando, la policía de la Ciudad intervino sin aviso y sin provocación: gases lacrimógenos sobre una movilización que no había hecho más que colgar una bandera. Humo, carreras, varios heridos, dirigentes y periodistas con los ojos llorosos. Katopodis, Rodolfo Aguiar de ATE y el jefe de gabinete de San Martín Andrés Alonso se interpusieron entre las fuerzas y los manifestantes hasta que la policía se replegó hacia Capital Federal.

Quienes salieron a reclamar por lo que se pierde descubrieron, en carne propia, que reclamar tampoco es gratis.