El oficialismo consiguió este martes el dictamen de mayoría para la denominada Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados, una iniciativa promovida por Federico Sturzenegger que busca eliminar unas 70 normas consideradas «obsoletas«. Sin embargo, la intención de debatirla este miércoles quedó descartada ante la imposibilidad de reunir el quórum necesario.

El tratamiento del proyecto ahora podría trasladarse a la próxima semana, aunque el cronograma está condicionado por la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prevista para el 29 de abril en el Congreso. El contexto político dentro de la Cámara será determinante para definir cuándo se discutirá la iniciativa.

Desde el Gobierno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, defendió el proyecto al señalar: «Con un millón de normas es imposible para un ciudadano saber qué norma le aplican. El primer costo es para el ciudadano. Además, habiendo normas que se superponen o dicen cosas distintas, también se generan problemas en la aplicación. Es un costo para la administración pública. Con este proyecto buscamos comenzar a ordenar esto».

 

Cambios, recortes y resistencias en el Congreso

La propuesta apunta a derogar leyes que van desde regulaciones inusuales hasta estructuras estatales. También incluyó modificaciones antes del dictamen, como limitar el financiamiento estatal a la Federación Argentina de Municipios y eliminar artículos vinculados al Círculo de Legisladores.

En esa línea, el secretario de Transformación del Estado, Matías Fariña, sostuvo: «Por ejemplo se deroga una ley de la época de la dictadura de Lanusse, que regulaba el derecho de reunión. Nadie se animaría a implementarla pero que siga vigente es una deuda. Son leyes con una lógica de control, de una época nefasta, hay que saldar esa deuda y derogarlas de forma explícita aunque no se apliquen».

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron la eliminación de algunas normas y lograron que el oficialismo retire del dictamen la ley que otorga beneficios fiscales a cooperativas.

También generó rechazo la intención de quitar privilegios de circulación y estacionamiento para legisladores, lo que anticipa un debate con tensiones cuando el proyecto llegue al recinto.