En Argentina es tradición denunciar a adversarios políticos. Desde Hipólito Yrigoyen a la fecha, cada Presidente de la Nación tiene al menos una denuncia en su contra. Algunos incluso cuentan con condenas levemente aplicadas en algunas de sus denuncias.

Por la no-honorabilidad de nuestro sistema judicial, señalado por juristas de todo el mundo, esto no fue obstáculo para que un político pueda presentarse a elecciones. Los casos más expuestos, son Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, quienes acumulan más de 100 denuncias en su contra.

Esto, que ya es habitual en nuestro país, podría cambiar en los próximos días.

Ayer martes, en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, se inició la discusión por el proyecto de ‘Ficha Limpia‘ presentado por La Libertad Avanza.

El debate tuvo momentos intensos, con la exposición en contra del kirchnerismo centrada en poner en duda el sistema judicial argentino y los distintos niveles de sus condenas.

Lo llamativo, es que la discusión se da entre amarillos y violetas. Así, el PRO apunta a que se impida la participación de personas con delitos contra la administración pública (corrupción), pero el radicalismo y los libertarios proponen ampliar el espectro e incluyen una variada gama de delitos penales.

La ecuación es fácil: según la iniciativa del Presidente de la Comisión, Nicolás Mayoraz (LLA), si a Mauricio Macri la justicia lo condena, en cualquier instancia, por alguno de los múltiples delitos penales por los que se lo acusa, no puede presentarse. En cambio, el PRO (Silvia Lospennato) quiere llevar esta discusión a delitos por los que difícilmente sus posibles candidatos sean condenados (administración pública, con condena firme).

Por otro lado, si sale el proyecto de LLA, CFK no podría presentarse a cargos electivos. Si sale el que asegura que la condena debe ser firme, si podría.

Esto es señalado por múltiples integrantes de Unión Por La Patria en el plenario de comisiones, quienes dicen: «Es una ley hecha a medida para proscribir candidaturas».

La contra postura de esto vino de mano de los expertos citados a brindar su opinión sobre el tema, como el constitucionalista Antonio Hernández, que dijo: «Me opongo a los que piden sentencia firme. Lo único que se garantiza es la impunidad porque todos sabemos que para que haya sentencia firme hace falta que intervenga la Corte Suprema«.

El debate continuará las próximas semanas y La Libertad Avanza buscará que salga un dictamen conjunto entre ellos y el PRO. En caso de que esto suceda -lo cual es probable-, el Gobierno de Milei daría un paso gigante hacia su tan ansiada reforma electoral.