La Provincia de Buenos Aires acordó esta semana en paritarias el último incremento del año 2016 y la política salarial para el 2017 con once sindicatos. En todos los casos, con un ajuste del 18%, con una cláusula de compensación si la inflación supera ese número, el régimen que el gobierno nacional mira como el ideal para el año próximo.

Los acuerdos fueron con el personal de Obras Sanitarias, Hipódromo de la Plata, Unión Ferroviaria, Señaleros, La Fraternidad, Artísticos, Comisión de Investigaciones Científicas, Puertos, Astillero Río Santiago, Gráficos y Vialidad. Se suman acuerdo antes sellado con los estatales provinciales.

El incremento acordado para 2017 es 18% en cuatro cuotas de 4,5%. Y tiene una cláusula que indica que si la inflación registrada por el INDEC supera ese número, la provincia pagará la diferencia.

"Apoyándonos en la credibilidad del INDEC y la inflación declinante -dijo el ministro de Economía Herán Lacunza-, pudimos celebrar acuerdos paritarios con 11 gremios más, además de los de la administración del Estado que pactamos hace dos semanas, garantizando que los salarios públicos no perderán poder adquisitivo y dando previsibilidad a las familias y a las cuentas del Estado".

El factor clave ahora será la negociación con los docentes, que pueden bloquear el comienzo de las clases: "Nos sentaremos en febrero", añadió Lacunza.

El ministro de Economía destaca que esta es una de las diferencias de este año respecto al anterior. "Pero también ahora tenemos los fondos para pagar sueldos y aguinaldo, cuando al asumir tuvimos que pedir fondos prestados para hacerlo, porque en la caja había sólo $ 200 millones -agrega-. Y también estamos al día en el pago con los proveedores, cuando recibimos la provincia con una deuda con ellos de $ 8.000 millones".

Los municipios también han ordenado sus cuentas en el período, añade Lacunza. "El año pasado 109 de los 135 municipios tenían déficit, y ahora 110 tienen superávit", explica. Puesto en dinero, el rojo municipal en 2015 era de $ 3.300 millones y hoy el superávit suma $ 7.000 millones.

El cambio en las cuentas de los intendentes tiene que ver con mayores giros provinciales, así como los fondos específicos para obras. En esa línea, Lacunza asegura que una asignatura pendiente es rediscutir los criterios de la coparticipación municipal, que fueron estipulados en los años 70. "Por ejemplo se premia con puntos de coparticipación la cantidad de camas ocupadas en hospitales, cuando debería premiarse la prevención", dice. Es una tarea, sin embargo, que difícilmente se pueda encarar en un año electoral como será el próximo.

En lo que hace a las cuentas de la provincia en sí, el ministro asegura qeu en 2017 no tendrá déficit corriente, "lo que libera fondos para las obras".