La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación económica crítica, marcada por la caída de la actividad, el aumento del desempleo y una fuerte reducción de recursos provenientes de la Nación. El gobernador, Axel Kicillof, expuso este escenario ante más de 60 intendentes y puso el foco en la deuda por transferencias como uno de los factores centrales del deterioro fiscal.

Según se detalla en el Presupuesto 2026, el territorio bonaerense -que concentra cerca del 40% de la población del país-, se encuentra en emergencia económica por la «profunda recesión e incumplimiento por parte del Estado Nacional» en el envío de fondos automáticos y discrecionales. En ese marco, la administración provincial sostiene que la falta de recursos agrava el impacto de la crisis sobre municipios y sectores productivos.

Los indicadores económicos reflejan ese escenario. La industria opera con apenas el 53 % de su capacidad instalada, el nivel más bajo desde 2016, mientras que desde diciembre de 2023 cerraron cerca de 22.000 empresas. A esto se suma la caída de la construcción, que registró un retroceso superior al 20 % en comparación con 2023, afectando directamente al desarrollo de infraestructura.

Kicillof recibió a decenas de intendentes y culpó a Milei por el desfinanciamiento

El deterioro también se traslada al mercado laboral: más de 270.000 empleos se perdieron desde la asunción de Javier Milei y la desocupación sumó más de 160.000 nuevos casos en la provincia. En paralelo, crecen las demandas sociales en los municipios, con mayor necesidad de asistencia alimentaria y un incremento de la morosidad familiar, que alcanzó el 10,6 %, el nivel más alto en dos décadas.

La situación fiscal se ve agravada por la caída de la recaudación. De acuerdo al informe presentado por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, los ingresos nacionales muestran una baja sostenida desde agosto de 2025, con una contracción de 14 puntos en el IVA, reflejo del desplome del consumo. Las ventas en supermercados, por ejemplo, registran caídas cercanas al 10% en términos reales.

En este contexto, Kicillof insiste en que el problema no radica en la presión tributaria provincial, sino en la reducción de fondos nacionales. La Provincia reclama por partidas vinculadas a seguridad, transporte, obra pública y educación, entre otras, y ya presentó siete demandas ante la Corte Suprema para recuperar esos recursos.

Con menos ingresos y mayores necesidades sociales, los municipios también sienten el impacto: desde fines de 2023 dejaron de percibir alrededor de un billón de pesos en coparticipación. Mientras tanto, crece el acompañamiento de los intendentes al reclamo provincial, en un escenario donde la deuda con la Nación se convierte en un eje clave tanto económico como político.