La Corte Suprema activó una reforma de peso en el sistema de selección de magistrados y puso el foco en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En una Acordada firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal definió un nuevo esquema de concursos con el objetivo de limitar la discrecionalidad y priorizar el desempeño académico y profesional de los postulantes.

El documento surgió en un contexto de anuncios del Gobierno sobre el envío de pliegos al Congreso para cubrir vacantes en la Justicia. En ese escenario, el máximo tribunal decidió intervenir en las reglas del proceso y propuso un “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” que deberá tratar el Consejo, presidido por Horacio Rosatti.

En el texto, la Corte dejó un mensaje institucional. Recordó que es la “cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina”. La definición marcó una línea sobre la relación con el Consejo y su margen de acción.

El nuevo reglamento planteó una reestructuración integral del sistema. El eje central quedó puesto en “reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad” y asegurar que “el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados”. La iniciativa buscó corregir lo que el propio tribunal consideró fallas estructurales en los concursos actuales.

Uno de los cambios más relevantes apareció en la evaluación de antecedentes. La Corte propuso que se valore “el rendimiento académico de excelencia y el mérito real” por encima del recorrido administrativo dentro del Poder Judicial. También planteó reforzar el anonimato en los exámenes escritos y fijar “reglas más claras y previsibles” para las entrevistas personales.

Esa instancia resultó la más cuestionada en los últimos años. Su peso en la calificación final generó críticas por alteraciones en los órdenes de mérito. El nuevo esquema redujo su impacto a un máximo de 20 puntos y dispuso que las entrevistas sean públicas, con transmisión audiovisual y acceso abierto.

El proyecto también introdujo un sistema de concursos dividido en dos modalidades. Por un lado, los anticipados, que se aplicarán como regla general y tendrán un límite de ocho cargos. Por otro, los especiales, previstos como excepción, que podrán cubrir uno o hasta nueve puestos. Los concursos anticipados deberán integrarse en un plan anual aprobado por el propio Consejo.

En cuanto a las evaluaciones, el proceso incluirá una prueba escrita con dos etapas. La primera será general, con preguntas sorteadas y corrección automatizada. La segunda estará orientada a casos concretos, con ejercicios de análisis jurídico y redacción de sentencias. Un comité elaborará los exámenes y un jurado evaluará los resultados bajo condiciones de anonimato garantizadas por un sistema informático.

El mecanismo continuará con la elaboración de un orden de mérito provisorio. Luego, los seis mejores puntajes accederán a la entrevista personal. Finalmente, la Comisión de Selección elevará una terna al plenario del Consejo, que deberá definir su aprobación tras una audiencia pública.

En los tribunales ya comenzaron a analizar el alcance de la iniciativa. Una de las dudas giró en torno a su aplicación en concursos en trámite. Esa definición quedará en manos del Consejo si decide adoptar el nuevo reglamento.

Mientras tanto, la atención se concentró en procesos abiertos de alto impacto. Entre ellos, los concursos para cubrir vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal. En ese ámbito aparecen postulantes con antecedentes en causas sensibles, lo que sumó presión sobre el sistema de selección.

En ese contexto, la decisión de la Corte no solo modificó reglas técnicas. También instaló un posicionamiento político dentro del Poder Judicial y dejó en claro que el control sobre la designación de jueces se convirtió en un terreno de disputa institucional.