Legisladores de 14 partidos de centroizquierda presentaron un recurso de amparo ante la Justicia en contra del veto parcial que realizó la presidenta Cristina Fernández a dos artículos de la ley de Reforma Política. Consideran que es "proscriptivo" y que "no honra los acuerdos" parlamentarios.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo de María Servini de Cubría, y allí se solicita la "nulidad e invalidez" de la norma sancionada el pasado 2 de diciembre en el Congreso.

La presidente dispuso el veto de los artículos 107 y 108 de la ley de Reforma Política, con lo que anuló la postergación hasta diciembre de 2011 de una serie de requisitos para participar en las elecciones, entre los que figuraba una baja del 5 al 4 por mil del padrón la cantidad de afiliados para conservar la personería.

Esta determinación, que perjudicó de manera particular a los partidos de menor representación, motivó la presentación ante la Justicia, que fue detallada durante una conferencia de prensa organizada en el Salón Eva Perón del Senado.

El senador Samuel Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal), explicó que el fundamento del amparo fue "pedir a la Justicia Electoral que no dé aplicación a esta norma" para "tener el tiempo necesario de reformar o derogarla en el ámbito legislativo".

"Interpreto que es una ruptura de compromisos que no se honran, no se trabaja con seriedad", se quejó Cabanchik sobre la actitud del oficialismo, que había acordado en el Congreso con los partidos de centroizquierda la postergación de los requisitos electorales y solo dos semanas después vetó en forma parcial la normativa.

El dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal advirtió además que "el veto presidencial volvió a la reforma política más proscriptiva de lo que era" porque "acortó sustancialmente los plazos para cumplir con los requisitos impuestos por la reforma".

El documento también fue firmado por dirigentes políticos como Margarita Stolbizer (GEN), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), Vilma Ripoll (MST), Victoria Donda y Cecilia Merchán (Libres del Sur) y fuerzas como PAIS, Partido Humanista, la Izquierda Socialista, el Partido Socialista Auténtico, entre otros.

En los fundamentos del texto se aclara que "no está en discusión la facultad de veto del Poder Ejecutivo", pero le reprochan a la mandataria que "si estaba en desacuerdo debió vetar 'in totum' la ley y no recurrir al subterfugio del veto parcial para imponer su criterio".

Por eso, la intención de las fuerzas denunciantes es que la Justicia "declare nulo el veto presidencial parcial o devuelva al Congreso" el proyecto completo para que vuelva a ser tratado en ambas Cámaras.