El juez federal, Ariel Lijo, quedó a cargo del Juzgado Federal 11 de Comodoro Py y, con ello, de la denominada causa Andis, un expediente sensible para el Gobierno nacional que recientemente avanzó con el procesamiento de 19 imputados. La designación se definió este miércoles a las 11 mediante sorteo, luego de que el tribunal quedara vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadío.

En el bolillero quedaron finalmente Lijo y María Eugenia Capuchetti, ya que Marcelo Martínez de Giorgi y María Romilda Servini se apartaron antes del sorteo. El azar determinó que el magistrado -que el año pasado fue candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema, aunque su pliego fue rechazado por el Senado con 43 votos en contra y 27 a favor-, asumiera el juzgado por un año.

El expediente que ahora administrará incluye el procesamiento, entre otros, de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y ex abogado del presidente Javier Milei. El juez Sebastián Casanello le atribuyó la presunta comisión de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y defraudación por administración fraudulenta, además de señalarlo como jefe de asociación ilícita, en el marco de «un entramado de corrupción institucional» donde la Andis «fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento». Pese al cambio de juez, el fiscal continuará siendo Franco Picardi.

La situación de los Kovalivker y la decisión de la Cámara

Si bien Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker -propietarios de la droguería Suizo Argentina-, no fueron procesados en esta etapa, su nombre aparece en audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la denuncia. La investigación podría avanzar sobre ellos.

La Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta. Había sido imputado por Casanello por desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento, tras un episodio ocurrido el 21 de agosto de 2025 durante un allanamiento en la vivienda de Jonathan Kovalivker.

Según la causa, De Vicentis habría llamado reiteradamente al puesto de seguridad para conocer detalles del operativo, lo que obligó a un efectivo a interrumpir la comunicación para evitar la difusión de información sensible. Poco después, Jonathan Kovalivker se retiró del lugar en un Audi cuando se disponían a allanar su domicilio.

Los camaristas Alberto Agustín Lugones y Néstor Barral, de la Sala II, respaldaron la decisión al afirmar que “el asunto en revisión fue resuelto con fundamentos suficientes que bastan para sustentar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido” y que “las evidencias reunidas hasta el momento resultan suficientes para respaldar la decisión adoptada”.

En la causa también constan mensajes enviados al grupo “Supervisores AVN”, donde se le atribuye a De Vicentis haber escrito: «Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos. Para mi, esto estaba más que entendido y no había necesidad de repetirlo, pero parece que sí».

Además, se investiga un llamado al 911 desde un teléfono registrado a nombre de la Asociación Vecinal Nordelta alertando sobre supuestos falsos policías, minutos después de que la Policía de la Ciudad intentara concretar el procedimiento. Un dato relevante es que, al momento de los hechos, De Vicentis se encontraba de vacaciones.